Por muchos años, los personajes de la Suprema Corte de Justicia mexicana eran más o menos irrelevantes para la vida política del país. En realidad, en el sistema priista, la corte era un apéndice del poder presidencial, con escasos márgenes de independencia. Sin embargo, la corte de los últimos años, ya en una dinámica distinta, generó nuevos perfiles, que ya cuentan en los debates nacionales y que han empujado una agenda que busca garantizar los derechos de las personas. Es por eso que la secretaria de Gobernación de un gobierno que se plantea transformar el país es precisamente una exministra que se destacó por defender temas como el de permitir que las entidades federativas legislaran sobre la interrupción legal del embarazo. Es decir, quienes se destacaron por defender derechos ahora asumen responsabilidades de política pública.

Es el caso del nuevo presidente de la corte: el ministro Zaldívar. Se trata de una persona que no solamente ha defendido las posiciones progresistas en temas delicados en la propia corte, sino que ha sido capaz de defender sus argumentos con enorme claridad. Zaldívar ha explicado, por ejemplo, por qué la constitución mexicana no deja duda con respecto al derecho del matrimonio igualitario con adopción, por supuesto, ya que garantiza la no discriminación por preferencias sexuales. También, por qué la Ley General de Salud es inconstitucional en el caso de la prohibición total de la siembra y procesamiento de la mariguana, por la desproporción entre las penas y el posible daño social y por qué afecta el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Incluso en el polémico caso Cassez, Zaldívar fue capaz de argumentar cómo el debido proceso es indispensable para preservar el principio de presunción de inocencia.

Mi punto es que la presidencia de la Corte en la persona de Zaldívar es bienvenida, debido a que se trata de un progresista, pero, sobre todo, porque es alguien que defiende y argumenta sus posiciones frente a la nación. Eso es lo que corresponde a los tiempos actuales, donde lo que se decide en el máximo tribunal y quiénes son sus miembros son un claro tema de debate e interés nacional. Además, la independencia del ministro Zaldívar está demostrada. Basta analizar su posición en el caso ABC, que pretendía señalar como responsables a las máximas autoridades, lo que evidentemente hubiera afectado al gobierno de Felipe Calderón, quien un año antes lo había propuesto como magistrado.

La independencia de la corte y su dirección por parte de nuestros mejores juristas es indispensable para construir un país mejor. Ahora, el reto de Zaldívar es hacer que la corte también responda a demandas legítimas de la población. Reducir los costos y, en particular, lo salarios de los ministros le darían al Poder Judicial mayor legitimidad y lo acercaría a la gente. Sería también muy importante que la agenda de la corte se enfocara en buscar mecanismos para que la impartición de justicia sea más sencilla y efectiva para la enorme mayoría de los mexicanos sin acceso efectivo a la misma, por falta de recursos. Por lo pronto, de parte de la corte, tenemos una buena noticia.

VidalLlerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.