A muchos gustó —incluyéndome en parte— la fiesta cívica que supuso el cambio de administraciones presidenciales. Desde hace tiempo que no se veía un ambiente tan festivo, un pueblo participativo y autoridades cercanas a sus gobernados. También fue memorable la entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas a López Obrador. No tenía memoria de un acontecimiento con esta vibra social.

¿Qué podemos decir respecto al informe de toma de posesión y del correlativo con los 100 compromisos en el zócalo? En buena parte del diagnóstico, AMLO tiene razón: hereda un país endeudado y cierto tipo de neoliberalismo ha hecho trizas a la nación —cerca de 60 millones de pobres hablan por sí mismos. También tuvo razón en que ha habido históricamente en México grupos que se han hecho ricos a instancias del poder o han gobernado con una visión patrimonialista del Estado, donde Peña Nieto ha sido un triste ejemplo.

Pero hubo algunas cosas que requieren matizaciones y otras que consideramos un error de planteamiento del próximo gobierno. La corrupción no es un fenómeno asociado al neoliberalismo —además de que hay que empezar por definir el término, que no es unívoco. Se han dado empresarios y políticos ricos en la derecha republicana norteamericana e igualmente corruptos, pero también en múltiples izquierdas latinoamericanas (basten Argentina, Venezuela y Nicaragua, como ejemplo). La corrupción es un fenómeno multifactorial, que no va asociado a un régimen económico o político.

Por otra parte, el neoliberalismo tampoco es el culpable de la inseguridad que azota al país. Tenemos cerca de 250,000 muertos acumulados en regímenes neoliberales, pero que tienen más bien como causa la estúpida guerra contra las drogas iniciada por el expresidente Calderón. Con Salinas, Zedillo y Fox, hubo políticas neoliberales, pero el país era más o menos seguro.

Sin embargo, lo que estimamos más grave del informe fue el tono excluyente de la parte fifí del país: los empresarios y la clase media son tan mexicanos como los mexicanos más pobres y los pueblos indígenas. Creo que no hacía falta fustigar a esa parte de los mexicanos que son tan nacionales como la gente que ha sido excluida por décadas del régimen y que AMLO hace bien en tomar en cuenta. AMLO es jefe de Estado de los mexicanos, también de los que no piensan como él o los que él considera sus enemigos o detractores, aunque nunca hayan quedado claros quiénes son esas personas.

Desde el punto de vista más conceptual, consideramos que López Obrador propuso un Estado keynesiano asistencialista. Dice el principio de la Doctrina Social de la Iglesia de la subsidiariedad, y que luego fue retomado por la socialdemocracia europea, que debe haber tanta libertad o sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario, estimando un error grave quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden realizar asumiéndolas por sociedades mayores como el Estado o el gobierno. El Estado debe intervenir en la vida pública cuando la sociedad no puede por sí sola o auspiciada por el Estado satisfacer las necesidades de la población; debe promover a la sociedad civil en lugar de retraerla. Es verdad que hay muchas carencias sociales en México que quizá sólo pueden ser satisfechas por el Estado —actuación que se debe buscar que sea temporal—, pero también el dinero del Estado es limitado, mucho menor que en otros países (cerca de 25% del PIB contra la mayoría de los países con un Estado del bienestar donde llega a niveles de 40 o 50% del PIB. Pero sin una reforma fiscal y con el precio del petróleo por los suelos no vemos mago que logre alcanzar el equilibrio presupuestal —presupuesto muy dañado por Peña, es la verdad— y obtener dinero suficiente para satisfacer los 100 compromisos asumidos. Prometer no empobrece, pero los que votaron por él esperan resultados inmediatos y, si no los consigue, podría perder muy rápido el bono democrático que lo respalda y que tuvo Fox por primera vez y desaprovechó de manera irresponsable. Le deseamos la mejor de las suertes.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.