Perdón a los lectores. El optimismo infundado del autor hizo abrigar la semana pasada una ingenua esperanza sobre la funcionalidad de nuestro Poder Legislativo.

El viernes 7 de mayo, la efímera niebla de candor se disipó, y nos reiteró crudamente que el interés nacional y la racionalidad pública no existen como premisas que guíen su actuación.

Finalmente, no se aprobó nada de lo anticipado, aunque en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, debemos agradecerlo. Seguimos igual y la decadencia entra en simbiosis con nuestra democracia.

Nada nos conmueve ni siquiera la estrepitosa caída de México al tercer lugar en América Latina en atracción de inversión extranjera; Brasil y Chile nos superan.

Resignémonos pues, y echemos una mirada a otras cosas que tampoco parecen existir en el ágora nacional, como el mar, a pesar de que en superficie nuestros mares territoriales y patrimoniales superan en más de la mitad al territorio terrestre.

Los mares y costas en nuestro país son un territorio sin visión orgánica y sin gobernación coherente donde la pesca, el turismo, la navegación, el combate al narcotráfico, la explotación petrolera, y una tímida conservación concurren de forma asimétrica y caótica sin una regulación.

Entre todas estas actividades, la pesca destaca abrumadoramente por sus terribles impactos ambientales, perversiones políticas y profundas ineficiencias económicas. Es un sector corporativizado con una lógica clientelar quizá peor que la del universo agrario mexicano.

En vez de empresarios grandes, medianos y pequeños con incentivos adecuados y derechos de propiedad claros, predomina la búsqueda de rentas por la vía de organizaciones políticas. El Estado regala el acceso a los recursos, otorga subsidios irracionales (por ejemplo al diesel marino), manipula concesiones y permisos, y contribuye a mantener circunstancias ubicuas y muy cercanas a la siniestra tragedia de los comunes.

Los resultados no sorprenden: sobre-capitalización del sector; sobreexplotación y agotamiento de pesquerías estratégicas (más de la mitad); destrucción de ecosistemas marinos por pesca de arrastre; origen ilegal de más de 40% de las capturas; redes que matan tortugas y delfines y llevan a la extinción a la vaquita marina, entre otras muchas especies;

conflictos políticos frecuentemente violentos por disputas entre organizaciones de pescadores; violaciones y saqueo de las áreas naturales protegidas marinas; amenazas a la seguridad nacional por la pesca delictiva en áreas de exclusión petrolera; y ahora, embargo camaronero estadounidense por la depredación ecológica de nuestros propios mares.

Con la mirada puesta en otra parte, financiamos la destrucción de los recursos marinos con dinero de los contribuyentes.

La nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables expedida en el 2008 prometía alguna mejora. Nada sucedió y a nadie le importó.

La solución a la anarquía del sector pesquero en México, y de paso al desgobierno en nuestros mares, pasa obligadamente por el establecimiento de derechos de propiedad privada vía subastas de cuotas transferibles de pesca (ITQ), concesiones y permisos territoriales a largo plazo, vedas indefinidas en pesquerías sobreexplotadas, creación de áreas naturales protegidas, compra a gran escala de permisos y retiro de embarcaciones pesqueras, y vigencia plena del Estado de Derecho por medio de una regulación eficaz y de vigilancia estrecha de la Armada de México. Al parecer, nada de eso entienden ni quieren nuestros legisladores; tampoco nuestros administradores en la Sagarpa -Conapesca. El mar no existe, sólo sus clientelas políticas.