No sólo son las policías locales –devoradas por la corrupción y capturadas por el crimen organizado– las que evidencian la falla en el federalismo mexicano y en la gobernanza local. Lo es también el desempeño municipal en casi cualquier rubro relacionado con la gestión del territorio y con servicios públicos esenciales. Algo está mal con las reformas hechas al Artículo 115 constitucional hace casi 30 años, las cuales concedieron a los ayuntamientos facultades virtualmente exclusivas en cuestiones torales para la República. Si bien la debilidad en la gobernanza local se ha revelado violentamente con la implosión de los aparatos municipales de seguridad, hay otras líneas de expresión de enorme gravedad.

Una de ellas es el descontrol en la gestión del territorio (facultad municipal exclusiva), que se manifiesta a través de invasiones o de desarrollos caóticos de vivienda en áreas periféricas que se conjugan con la decadencia consecuente de la centralidad urbana; fenómeno común a casi todas las jurisdicciones municipales, propias y contiguas a las grandes ciudades.

Otra es la gestión deplorable de los sistemas de agua en gran parte de los municipios del país ( La Gestión del agua en las ciudades de México 2011 , Consejo Consultivo del Agua), de lo cual escapan sólo un número reducido de casos virtuosos como: León, Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, Tijuana y algunos más.

Una más es la incapacidad recurrente de manejar los residuos en rellenos sanitarios profesionales y la proliferación de basura que tapiza derechos de vía de carreteras, así como ríos, canales, presas y cañadas. Peor es el vertido de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno y la contaminación severa de ríos y aguas costeras. Esto a pesar de la existencia de normatividad federal específica. En realidad, es letra muerta para los gobiernos municipales, que en su gran mayoría la incumplen olímpicamente, al igual que las iniciativas de control de confianza, certificación y coordinación policiaca promovidas desde el gobierno federal, por cierto.

Después de 30 años de euforia descentralizadora, el federalismo mexicano está en una crisis de funcionalidad; quizás mucho tenga que ver el carácter efímero de los gobiernos municipales -sólo tres años sin posibilidad de reelección-. Es verdad que el propio Artículo 115 constitucional prevé que los municipios observen leyes federales en las materias en que se les otorgan facultades exclusivas; sin embargo, esto es una declaración casi retórica.

Por ejemplo, no existe legislación de servicio público de agua que regule a los gobiernos municipales en cuanto a calidad, tarifas, coberturas, eficiencias y desempeño ambiental. Y, aunque la hubiese, probablemente tampoco se haría cumplir, como las normas oficiales de vertido de aguas residuales y de rellenos sanitarios (NOM 001 y NOM 083, respectivamente).

Los programas o planes de desarrollo municipales son ignorados por ocupaciones ilegales del territorio y por simples actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de uso del suelo y de construcción o por connivencia corporativa con clientelas políticas. Hay que reconocer también que en la gestión del territorio los municipios se topan con la caja negra del mundo agrario mexicano, donde tierras ejidales y comunales, ajenas por completo a la lógica y al poder municipal, son el insumo masivo para el desarrollo anárquico de vivienda en la periferia urbana.

Además, como es sabido, la incapacidad recaudatoria de los gobiernos municipales (menos de 0.07% del PIB) por medio del impuesto predial y otros derechos y tarifas locales, les impone un generalizado raquitismo presupuestal con el que tienden a justificar sus omisiones en servicios públicos y en regulación territorial, y sus violaciones a la normatividad. No se les premia ni castiga por su desempeño en la distribución de participaciones y aportaciones federales.

Es el lado oscuro del federalismo, a cubierto de la letra constitucional. Se ampara en una paupérrima fiscalidad municipal y en el carácter efímero de los gobiernos locales. Se nutre con la laxitud, temor o renuncia regulatoria del gobierno federal y con la ausencia de incentivos en los mecanismos de coordinación fiscal.