El desdén por la ley en México resulta patológico. Si nuestro jefe de Estado, el presidente Felipe Calderón, la viola alegremente y con la mano en la cintura, ¿con qué cara se atreve a pedir a los ciudadanos sin educación ni futuro que la cumplan? Es simplemente asqueroso.

Al tomar protesta, Felipe Calderón juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Se le ve muy gallito haciendo lo segundo, pero desprecia con brutal impunidad la primera parte de su juramento.

Ayer circuló en las redes sociales el rumor de que el presidente Calderón designaría a su coordinador de asesores, Alexis Milo Caraza, como nuevo Comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en sustitución del doctor Rafael del Villar. Probablemente ahora que usted lee este artículo tal designación sea ya un hecho consumado. El nombramiento del doctor Milo es descaradamente violatorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, una de tantas leyes que Calderón juró cumplir y hacer cumplir. El artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones en vigor establece a la letra lo siguiente:

Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo federal y deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones .

Desconozco si el doctor Milo Caraza es mayor de 35 años -no he encontrado información sobre su fecha de nacimiento-, pero lo que es un hecho indubitable es que no se ha destacado en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones.

De su currículo, publicado hasta ayer en la página oficial de la Presidencia de la República, se desprende: Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Sus áreas de especialización son Macroeconomía y Finanzas Internacionales.

En el ámbito docente, es profesor de Macroeconomía en el ITAM, también ha impartido cátedra en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en el Colegio de México. En el sector público se ha desempeñado como Director General de Deuda Pública y Director de Política Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como investigador en el Banco de México. Dentro de la Presidencia de la República fue Asesor en Política Económica y, desde el 2009, Secretario Técnico del Gabinete Económico . Ni una sola referencia al sector telecomunicaciones.

No cuestiono al doctor Milo, quien parece ser una persona muy calificada. Lo que me parece aberrante es el desdén presidencial por la ley. Recordemos que lo que el Congreso de la Unión ordenó en la Ley Federal de Telecomunicaciones fue un órgano regulador con autonomía técnica y operativa, y para ello estableció requisitos mínimos con los que deben cumplir sus comisionados.

Una y otra vez, con el afán de mantener el control político de las telecomunicaciones, particularmente de la radio y la televisión, el presidente Calderón ha pretendido quitar atribuciones a la Cofetel, o bien, subordinar su autonomía a la agenda política del Presidente y su partido. Autonomía, profesionalismo y fomento a la competencia suenan muy bien en el discurso, pero en la práctica el Presidente pretende que la autonomía se haga en los bueyes de mi compadre . Quiere a un incondicional en la Cofetel, así tenga que violar la ley. ¿En qué quedamos señor Presidente, la ley debe cumplirse siempre o sólo cuando así le convenga a sus intereses personales y de partido?

El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones AC, catedrático de la Universidad Iberoamericana AC y Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.