En vísperas del “juicio del siglo”, distintas esferas de la Cuarta Transformación intercambiaron acusaciones por presuntas filtraciones sobre las primeras declaraciones de Emilio Lozoya Austin. Las desavenencias entre los titulares de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda habían vivido capítulos previos.

Los “casos de alto impacto”, en riesgo por las disputas palaciegas. El congelamiento de las cuentas bancarias de los directivos de la cooperativa Cruz Azul o la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue combatido en los tribunales. Y entonces, el aparato de procuración de justicia del gobierno izquierdista viró contra los más conspicuos casos de corrupción política.

En medio de la contingencia sanitaria por la Covid-19 y frente a una recesión económica de magnitudes todavía no determinadas, la administración lopezobradorista se quedó sin banderas… excepto combatir a la impunidad y llevar a los responsables ante los tribunales.

Mejor combatir a la mafia del poder, que al crimen organizado. La UIF logró, tras de notables esfuerzos de su área de asuntos internacionales, detectar la ruta de los sobornos que Odebrecht entregó al peñismo, vía Emilio Lozoya Austin. Las empresas constituidas en Costa Rica y Panamá recibieron los millones de dólares que luego fueron a Suiza y terminaron en la adquisición de las mansiones familiares.

La Cancillería apuró las órdenes de extradición contra César Horacio Duarte Jáquez, Emilio Lozoya Austin, Tomás Zerón de Lucio y José Kamel Nacif Borge, mientras que los fiscales reforzaban las investigaciones que sustentan esas causas penales.

“¿Cuál es el objetivo principal del gobierno? Acabar con la corrupción”, reiteró el Ejecutivo federal, cuestionado sobre el inicio de las audiencias para vincular a proceso al exdirector general de Petróleos Mexicanos. “Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia y es más que eso, es una peste funesta”.

Después de 13 meses de iniciada la causa penal en su contra por presuntamente haber recibido un soborno de Alonso Ancira antes de la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados, Lozoya Austin compareció ante José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control de procesos penales, por videoconferencia.

El exfuncionario peñista –detenido en Málaga hace cinco meses– permaneció en el hospital Ángeles del Pedregal, donde fue internado luego de que fuera diagnosticado con una astenia de cinco días, en vísperas de su extradición, y se quejara de dolores en la boca del estómago. Hace dos semanas, ya de regreso a México, fue diagnosticado con el síndrome de Barret, un padecimiento que desarrollan aquellos afectados por el reflujo gastroesofágico.

¿Y los exlegisladores del PAN y del PRD? Los videos que presuntamente aportaría Lozoya Austin como prueba de los moches entregados a la oposición, a cambio de su respaldo a las reformas estructurales serían la joya de la corona de una historia que apenas comenzó, que tendrá su clímax hasta el 2021... y que llegaría hasta el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Es mucho muy (sic) importante que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya”, urgió el Primer Mandatario, “porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”.

Efectos secundarios

FORTALEZA. Al cierre del segundo trimestre del 2020, Grupo Bimbo reportó el pago de impuestos por 2,082 millones de pesos; dicho en otras palabras, una tasa efectiva de 42% en el trimestre. En el periodo, la empresa panificadora reportó un incremento de 19.9% en sus ventas, respecto al mismo periodo del año anterior, que alcanzaron 86,411 millones de pesos, frente a los 72,094 millones del mismo periodo del año pasado. Este incremento se da de la mano de las mayores ventas de la firma panificadora. Y esto se vio reflejado en el valor de las acciones, que cerraron con un alza de 14%, incremento para un día que no se veía desde 2001.

¿EXCESOS? Ante las pesquisas de la Secretaría de la Función Pública, los representantes legales de la farmacéutica tapatía Abastecedora de Insumos para la Salud acudieron al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, donde fue admitida su demanda, se abrió el expediente SAN/017/2019 y se decretó una suspensión provisional hasta que el juez dictara resolución definitiva. ¿La funcionaria no se enteró que la notificación llegó hasta sus oficinas? En cuanto al caso también resalta que el uso de “información falsa” recaería en un mero error administrativo en el que se asentaron a los accionistas fundadores, y no a los actuales, a pesar de que sí se habría entregado información sobre las Juntas en que la firma cambió de manos.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.