En un escenario de crisis y austeridad, es sumamente deseable y propicio el impulsar una discusión sobre la necesidad de un renovado y vigorizado federalismo mexicano.

“Ningún estado libre y soberano puede seguir siendo parte de una federación, cuando el gobierno de la república nos ignora, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”. A esta frase pronunciada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le han acompañado nueve frases y posturas del mismo número de mandatarios estatales en idéntico sentido; todas apuntando al amenazante rompimiento más que a la posible reconciliación.

Lo que se pone en juego sobre la mesa es la ruptura y desconocimiento del pacto federal por parte de 10 entidades, lo cual, si bien es cierto que no está como primera opción en la lista de consecuencias, sería una posibilidad de secuelas profundas, de difícil implementación legal y de un desgaste en lo económico y social sin precedente.

El modelo federalista cuenta con una serie de candados que ante el intento de ruptura se antojan inviolables; será cercano a lo imposible que Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Colima y Aguascalientes sean aquellos que consigan la desvinculación de tantos nexos de participación y coordinación, sin que alteren el sistema de válvulas que es requerido para el sano funcionamiento fiscal y económico de las entidades en el sistema federal actual. Sin embargo, la amenaza toma tonos de contaminación política en un territorio peligroso.

Ha sido precisamente el federalismo armónico y desarrollador de consensos aquel que ha permitido el tránsito ordenado mediante la coexistencia de dos soberanías. Así, desde la adopción en 1824, con tropiezos y asimetrías, pero ha sido este sistema, el que ha propiciado el equilibrio que no permite la proliferación de estructuras autárquicas, y se erige como garante de la democracia en el país; evita a su vez el centralismo económico administrativo y el exacerbado presidencialismo con todos sus perniciosos efectos.

Hoy ese equilibrio que sostiene con pinzas al mancillado orden nacional se encuentra en riesgo; lo peor, ese riesgo se incrementa proporcionalmente a la cerrazón para escuchar posturas y sentarse en una mesa de diálogo que hasta ahora les ha sido negada a los mandatarios estatales.

En un escenario de crisis y austeridad, es sumamente deseable y propicio el impulsar una discusión sobre la necesidad de un renovado y vigorizado federalismo mexicano. Un pacto que proponga el reparto equitativo del recurso basado en esquemas de rigurosa productividad; aquel que no fomente la cómoda postura de estirar la mano por parte de quienes menos aportan, pero que tampoco se recargue en aquellos que mayormente generan recursos. Si se apertura esa llave de paso al diálogo que por mera sin razón se mantiene cerrada, se evitaría un conflicto político exponencial que involucra ahora al 32% de la población nacional en los estados que producen más del 40% de empleos en el país.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.