De acuerdo con un estudio sobre el salario mínimo de la ONG Acción Humana contra la Pobreza, en nuestro país, el salario mínimo no alcanza para satisfacer las necesidades básicas, mucho menos para llevar una vida digna. ¿Quién fija los montos? ¿Quiénes ganan el mínimo y qué implicaría su aumento? Lo primero que se necesita es desmontar algunos mitos en torno a los efectos que tendría el ajuste que tanta falta hace a ese salario.

El 19 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que libera al salario mínimo de ser unidad de medida . Durante diciembre, los congresos locales habrían culminado la aprobación de esta reforma para darle plena vigencia. Sea cual sea la decisión que haya adoptado a fines de año la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), es indispensable recuperar el valor del salario mínimo.

Con base en la evidencia de los datos y la experiencia internacional reciente, debe quedar claro que el primer parámetro a considerar para fijar el salario mínimo es la línea de pobreza que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según datos del costo de la canasta básica (alimentaria y no alimentaria) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicho parámetro la línea que define la pobreza se ubicaba en casi 87 pesos por día en octubre del 2015.

Con o sin intención, el salario mínimo se convirtió en unidad de medida, y sus ajustes se usaron como referencia para las negociaciones contractuales. Ambas prácticas pervirtieron su naturaleza y propiciaron su depreciación. Entre 1978 y 1994 el salario mínimo perdió casi tres cuartas partes de su valor.

Esa situación ha cambiado con la reforma legal que desindexa el salario mínimo, lo libera de ser unidad de medida y elimina el potencial efecto inflacionario de su ajuste. Puede recuperar su valor y regresar a su definición legal y original: fijar el límite inferior al pago por el trabajo. Con la justificación válida de no generar un efecto inflacionario general, desde 1994 la Conasami ha ajustado el salario mínimo con un dato único: el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, la inflación general. Con la aprobación de la reforma constitucional que establece la unidad de medida y actualización y libera cualquier mención del salario mínimo en leyes y reglamentos, la Conasami queda obligada a tomar una definición seria y basada en datos.

Desde 1992, el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica fijada en su momento por el Inegi,y hoy en día por el Coneval. Esto representa una violación a lo que establece el Artículo 123 constitucional, que dice: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos .

En el 2015, el salario mínimo a nivel nacional fue de 71 pesos. Eso representa un valor en términos reales de sólo 27% del salario mínimo de 1977. Es tan precario que se encuentra por debajo del valor de la canasta de bienes que definen la pobreza. Para atender el mandato de la Constitución, el mínimo debe cubrir por lo menos lo mínimo para vivir. El salario mínimo actual se encuentra casi 16 pesos por debajo del costo de la canasta básica fijada por el Coneval.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.