El Sistema Nacional Anticorrupción es una colección de sillas vacías. No tenemos ni un fiscal general, ni uno anticorrupción, ni varios de los magistrados del tribunal administrativo. Es evidente que existe, en el Senado, una mayoría dispuesta a posponer, hasta que termine la actual administración, la puesta en operación del sistema. En la Cámara de Diputados estuvimos a punto de contribuir al proceso de descabezar el sistema. Después de un proceso de selección abierto, con un proceso de entrevistas transmitido por el Canal del Congreso, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) eligieron, de manera unánime, una terna de profesionales, que habían laborado de manera reciente en la ASF, así como en organismos autónomos y gobiernos de distintos colores. Sorpresivamente, la terna no fue llevada al pleno para su votación el periodo pasado aparentemente a petición de la fracción parlamentaria del PAN por lo que, por algunos meses, tuvimos un auditor superior interino. / Sin embargo, en esta ocasión la Cámara de Diputados hizo lo correcto. Finalmente, la terna se puso a votación del pleno y el economista David Colmenares resultó electo, no solamente por 75% de los legisladores, sino por 377 de los 445 miembros presentes, es decir, alrededor de 85% de los diputados en el pleno. Cuatro diputados votaron por otros candidatos y 64 se abstuvieron. Eso significa que legisladores de todas las fracciones apoyaron la propuesta de Colmenares, que cumplió los procedimientos parlamentarios establecidos y no secundaron la intención del PAN de politizar el nombramiento. Es verdad que varias organizaciones cuestionaron el proceso, porque no se dieron a conocer las motivaciones de los miembros de la Comisión de Vigilancia para seleccionar la terna, lo que hubiera sido deseable, pero no formaba parte del procedimiento.

El resultado fue la elección de un auditor con suficientes credenciales y la trayectoria adecuada, que tendrá que ofrecer resultados. Su principal tarea será la de conservar y mejorar la calidad de la auditoría que realiza la institución, pero ahora con consecuencias para quienes hayan afectado el patrimonio público. La nueva ley de fiscalización ofrece herramientas para contribuir con las autoridades judiciales en el seguimiento de las principales infracciones, también para, por excepción, realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar todos los recursos transferidos a Estados y municipios. También puede coordinar criterios y prácticas de fiscalización en el ámbito local. Falta también una unidad que realice monitoreo a la evolución de las finanzas públicas del país en el mismo año de ejercicio. Se trata de una auditoría con facultades renovadas, que ha ganado prestigio y que de verdad ha servido para conocer las fallas sistemáticas del gasto público en México. El reto para Colmenares es enorme.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.