En la última discusión presupuestal, los legisladores hicieron oídos sordos a las peticiones y súplicas de organismos y agrupaciones privadas para no recortar el gasto en salud frente a las carencias y déficits. Por alguna razón, quienes toman las decisiones de presupuesto en este país no alcanzan a entender que reducir la inversión en salud afecta directamente a la producción y la economía, y esas decisiones nos saldrán muy costosas en el futuro.

En contra de todos los argumentos y evidencias sobre la necesidad de no sólo no recortar, si no de elevar el gasto en salud, el Legislativo lo redujo en 2.5% para el 2016. Fue menor que el de 5% propuesto por Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, pero no debió haber habido recorte.

Las implicaciones ya las resentirán el próximo año los derechohabientes del IMSS e ISSSTE y afiliados al Seguro Popular que recibirán menos por la atención de su salud. Los derechohabientes de los servicios de salud de Pemex, Sedena y Semar seguro que ni lo notarán porque sus condiciones son abismalmente diferentes y de gran privilegio respecto del resto. Es, por cierto, donde se puede ver la enorme inequidad entre mexicanos. Entre el 2015 y el 2016 el presupuesto en salud se habrá reducido en 14,000 millones de pesos.

Estos datos quedan claramente expuestos en el estudio Inversión en salud en México , realizado por la consultoría especializada Evercore Protego, fundada y presidida por Pedro Aspe, a petición de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigaciones Farmacéuticas (AMIIF).

El estudio detectó que el gasto por paciente bajó del 2005 al 2014 en forma diferente dependiendo de la institución: Seguro Popular: de 3,144 pesos (2009) a 2,169 pesos en promedio por afiliado (2014); IMSS: de 3,967 pesos (2005) a 3,739 (2014) e ISSSTE: de 4,443 pesos (2011) a 3,722 pesos (2014).

En este escenario hay un aspecto inconcebible: mientras el gasto público en salud se reduce desde que arrancó el presente sexenio (0.5% menos cada año a partir del 2012), el gasto administrativo registra una tendencia al alza, con un incremento promedio de 5.1% anual desde el 2009.

México registra el gasto administrativo en salud más elevado de la OCDE. Del total de gasto público destinado a la salud de los mexicanos, 8.8% se va en rubros administrativos, más que a la operación y atención de la salud en sí.

Es decir, no sólo estamos rezagados en inversión en salud (invertimos 6.2% del PIB frente a 8.9% promedio de la OCDE, España invierte 10%); sino que, aparte, lo que se invierte no se hace en la forma más eficiente. En esta ineficiencia debe jugar un papel fundamental la fragmentación del sistema y la falta de un padrón transparente de derechohabientes que lleva a una indolente duplicidad de esfuerzos.

Para tener idea de por qué ese 8.8% es una proporción elevada, tomemos de nuevo las referencias de la OCDE, de la cual México es miembro: los países agrupados en la OCDE dedican del total de su gasto público en salud, 3.7% en promedio al rubro administrativo. México le dedica a ese aspecto casi el triple. Países como Dinamarca, España o Japón dedican al rubro administrativo menos de 3 por ciento.

Vale la pena checar el estudio ordenado por AMIIF en el siguiente vínculo: http://frentealapobreza.mx/wp-content/uploads/2015/11/descargable_AMIIF_Todos_somos_pacientes.pdf. Sin grandes complicaciones logra exponer con cifras y datos actualizados cómo el país está invirtiendo en la salud de su población ante las grandes necesidades.

El punto es que los especialistas de Evercore Protego no lograron detallar el contenido del gasto administrativo porque ello es imposible dada la falta de transparencia en la obtención de los datos. Seguro hay áreas de eficiencia dentro de ese gasto administrativo, pero cómo identificarlas si no hay forma de obtener mayor detalle sobre ese casi 9% del gasto en salud que está en la oscuridad.