Cada vez es más evidente y cercana la extinción del medio ambiente como concepto o campo significativo de política pública. Se disolvió o sus contenidos se evaporaron. El espacio que ocupaba ahora está vacío, es aburrido e intrascendente o bien, lo mejor fue colonizado y absorbido. Sólo permanece en membretes por aquí y por allá, en inercias amodorradas dentro de la administración pública, y en las ONG desorientadas. Debemos celebrarlo. Ya no hace falta y tampoco se le extraña.

Irónicamente, la extinción del medio ambiente revela el triunfo de sus motivaciones originarias. Implica que ya nos lo tomamos en serio y que sus preceptos han sido adoptados por quienes realmente importan. ¿No lo creen?

Echemos entonces una ojeada a los asuntos más esenciales y estratégicos que alguna vez –con éxito escaso– intentaron formar parte de la llamada agenda ambiental y que ahora se tratan con seriedad en otra parte. Energía renovable y eficiencia energética, y por tanto, políticas relevantes de cambio climático ya están en manos de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, y al final, de la Secretaría de Hacienda que ostenta los hilos de la política fiscal (impuestos y subsidios a los energéticos).

En las ciudades donde habita más de 80% de la población los temas otrora ambientales son competencia absoluta de los gobiernos locales (no sólo práctica sino legalmente, como lo dicta el Artículo 115 constitucional, día con día más asertivo).

Ahí, el medio ambiente se ha transfigurado en servicios e infraestructuras de transporte, agua y residuos, en políticas de vivienda y desarrollo urbano, en regulaciones de uso del suelo (en lo cual el gobierno federal no tiene ninguna competencia), y en especial, en retos de gestión y gobernanza del espacio público.

El mar al que históricamente las entidades ambientales de gobierno han dado la espalda se expolia bajo el paraguas de la Comisión Nacional de Pesca y de la Secretaría de Marina; mientras se contamina a ojos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), responsable de regular las descargas de aguas residuales que degradan las costas mexicanas.

Casi simbólicamente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene a su cargo algunas zonas marinas decretadas, en las que sin embargo, prevalecen siempre los intereses pesqueros (el caso de la vaquita marina en la Reserva del Alto Golfo de California, y de los arrecifes veracruzanos son emblemáticos).

El agua siempre fue un tema tangencial a la agenda ambiental, ahora de plano ajeno, y pertenece en absoluto a la CNA y a los gobiernos municipales.

La Profepa olímpicamente y por confusión competencial lo ignora casi por completo.

Las decisiones en procesos fundamentales de negociación internacional, por ejemplo, en torno del cambio climático, recaen en la Cancillería.

En una perspectiva territorial, la conservación de la biodiversidad hoy se traduce de manera directa en la declaratoria y manejo de áreas naturales protegidas (parques y reservas de distinto tipo), que ya ocupan 12% del territorio nacional, en la gestión de recursos forestales y en la reducción de emisiones, captura y almacenamiento de carbono. Todo ello está en manos de la Conanp y de la Comisión Nacional Forestal, que para casi todo fin práctico operan como entidades autónomas.

Después de esta devolución o redistribución a sectores reales y a gobiernos locales de los temas y facultades sustantivos, sólo queda dentro de la esfera de lo hasta ahora conocido como ambiental, actividades monótonas y burocráticas como el otorgamiento de diversos permisos y autorizaciones (algunas, incluso, ya transferidas a los estados). Aquí, sólo ocasionalmente, algún proyecto de infraestructura demanda decisiones estratégicas y levanta polvaredas al agitarse en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo lo importante ya está repartido en otros ámbitos sectoriales o niveles de gobierno.

¿Qué hacer entonces con el medio ambiente?