A México, las crisis de América Latina siempre lo toman mal parado. En realidad, desconocemos las particularidades de lo que sucede en una región que ponderamos en el discurso, pero ignoramos en los hechos. Incluso Centroamérica, región con la cual comerciamos con intensidad y somos sus principales inversores, ocupa muy poca de nuestra atención. El problema es que, como los organismos de coordinación de la zona, es decir, la OEA, no funcionan y Estados Unidos ha renunciado a tener una política exterior que promueva la cooperación porque abiertamente dice que sólo apoyará lo que sirva a sus intereses, entonces México, a regañadientes, tiene que asumir su papel de potencia regional. No obstante, nos damos cuenta de que al final lo que sucede en el resto de América Latina tiene repercusiones importantes en nuestro país; por los flujos migratorios, los de drogas y las bandas criminales, las calificaciones crediticias, el tipo de cambio, las inversiones mutuas, intercambio cultural y, en general, por las señales que mandamos al mundo de cómo actuamos ante gobiernos de países con la misma tradición e historia.

Entonces, cuando tenemos que participar en la solución de una crisis latinoamericana, en la opinión pública nacional se desarrollan debates en general bizantinos y muy desinformados de lo que sucede en el sur del continente. Con las redes, no sorprende que este tipo de contextos se polaricen, justo como está ocurriendo en este momento con el caso de Bolivia. La verdad es que la espiral de hechos que culminaron con la actual crisis política es compleja, al borde de ser casi inentendible. Una disputa sobre el cómputo electoral de una primera vuelta, manifestaciones de grupos de distinto origen contra el gobierno, pero con una opción de salida funcional: convocar a nuevas elecciones. Es el Ejército el que obliga a romper la cadena del orden institucional, por lo que, evidentemente, se configura un golpe de Estado. Es así como, el asilo al expresidente Evo Morales era necesario para preservar su vida y contribuir al proceso de estabilización del país andino. Es importante hacer hincapié en que el asilo no se otorga a Evo por afinidades ideológicas o porque haya sido o no buen presidente (aunque está documentado que dio buenos resultados en crecimiento económico y reducción de pobreza), sino por el compromiso y la responsabilidad moral que tiene México con el resto de los pueblos de América Latina. En otros casos, como el de Venezuela, el gobierno mexicano también otorgó protección, en su Embajada, a personas que reclamaban apoyo en el momento más álgido de las disputas por la Presidencia entre Maduro y Guaidó.

Del cómo se van a desarrollar las cosas en Bolivia, sabemos poco. Esperemos que se retome la ruta democrática, y para eso, es menester mantener a salvo la integridad de Evo. Sin embargo, el punto que estamos haciendo con la oferta de asilo a Evo es de rechazo a que los militares tomen decisiones con respecto al futuro del gobierno boliviano, esto representa un claro retroceso para las democracias de la región, tal y como sucedió en los años 70. El gobierno de López Obrador, en este caso a través del canciller Marcelo Ebrard, tuvo la claridad suficiente para nunca dudar de que el asilo a Evo era lo más conveniente. Es preocupante, por tanto, el cúmulo de rabiosas reacciones ante algo tan necesario y coherente. Reacciones encabezadas, por cierto, por Acción Nacional, un partido que no entiende que para ser buena oposición es necesario acompañar al gobierno de las buenas decisiones de Estado. En este sentido, la discusión no debe ir encaminada a desacreditar el gobierno de Evo o la decisión de darle asilo en nuestro país, sino que debemos estar atentos a que se respeten los principios democráticos en América Latina porque, como sostenía Eduardo Galeano: en América todos tenemos algo de sangre originaria. Algunos en las venas, otros en las manos.

@vidallerenas

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.