Las inversiones centradas en modernizar la infraestructura de telecomunicaciones para ofrecer comercialmente altas velocidades de transmisión de datos tienen como objetivo principal mejorar la oferta de servicios a clientes corporativos e individuos con alto poder adquisitivo. Por ejemplo, en América Latina, las redes LTE no prestarán acceso a un gran porcentaje de la población en los quintiles económicos, en los próximos años.

Para revertir esta situación, es preciso que los gobiernos de la región adoptaran algún tipo de subsidio que justifique la inversión, para llevar infraestructura a localidades que de otra manera no serían rentables.

No obstante, hay temas pocos discutidos que deben considerarse antes de comenzar a invertir miles de millones de dólares en el despliegue de infraestructura en zonas de baja densidad poblacional y un poder adquisitivo limitado. En otras palabras, nos estamos refiriendo, en muchas partes de América Latina, a zonas habitadas por naciones indígenas que cuentan con sus propias tradiciones, cultura e idioma.

Estamos hablando de comunidades que ven a corto plazo mayor beneficio en la construcción de un puente que les permita cruzar un río y de esta forma ahorrarse unas ocho horas de camino. Poder contar con la visita al menos una vez al mes de un médico (si lleva medicinas, muchísimo mejor) que pueda atender a los enfermos del área.

Llegar a estas zonas prometiendo acceso a un Internet lleno de idiomas foráneos, sin contenidos en la lengua materna de los niños o textos que tengan en consideración las tradiciones del área son problemas que no se arreglan con el simple despliegue de fibra óptica o la colocación de una torre capaz de ofrecerles la mejor conexión LTE del país.

El problema que menciono no es menor, pues en América Latina hay una sobredimensión de la importancia de la conectividad para el desarrollo. Es tan grande el énfasis de los gobiernos que en la mayoría de los casos se definen planes de desarrollo de telecomunicaciones que dejan a un lado temas neurálgicos, como el desarrollo de contenidos, la capacitación de las personas en el uso de las nuevas tecnologías o una logística que prevea el mantenimiento de la infraestructura desplegada.

Otro punto a considerar por las autoridades pertinentes al momento de invertir en infraestructura de telecomunicaciones para llevar conectividad a zonas que en la actualidad no cuentan con cobertura de alguna red de telecomunicaciones es determinar cuáles son las prioridades inmediatas de cada comunidad. Los estados tienen una cantidad finita de fondos para invertir en diversos proyectos: si a una comunidad se le ofrece escoger entre tener acceso a agua potable o poder conectarse a Internet, seguramente en la mayoría de los casos el agua saldría vencedora. Si remplazamos agua con electricidad, servicios sanitarios u hospitales con médicos, la respuesta aún sería en detrimento del Internet.

Esta gran diversidad de realidades y necesidades en la región sirve como oportunidad para comunicarles a las personas cómo el Internet, junto a la obtención de servicios básicos, puede llegar a ser un elemento de suma importancia en sus vidas.

Asimismo, debido a las limitaciones presupuestales existentes, es necesario explicar los beneficios que pueden tener los llamados consorcios público-privados para el desarrollo, dedicando gran parte de la explicación a destacar las diferencias de estas iniciativas con algunas de las malas experiencias, como las vividas en la llamada guerra del agua , en Cochabamba, Bolivia.

Promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones es una obligación de los distintos gobiernos. Sin embargo, su éxito dependerá de poder capacitar a la población sobre los beneficios de acceder a Internet sin olvidarse de atender otras necesidades básicas de la población.

*Director para América Latina y el Caribe de 4G Américas.