Como he analizado en artículos previos, en México, aunque somos económicamente más libres, persisten en el arreglo institucional vigente diversos elementos que inhiben esa libertad para elegir y que se traducen en un desempeño económico mediocre, con muy bajas tasas de crecimiento, una alta incidencia de pobreza y una de las distribuciones del ingreso más inequitativas del mundo. Vivimos en un país en donde aún se sigue incentivando y premiando la búsqueda y apropiación de rentas y castigando, simultáneamente, la creación de riqueza.

Sin duda, mucho se ha avanzado en los últimos 30 años para dotar a los mexicanos de una mayor libertad para elegir; sin embargo, aún no alcanzamos una íntegra libertad económica por: una deficiente definición en el marco legal de los derechos privados de propiedad; una notoriamente insuficiente protección de estos derechos por parte del Poder Judicial -particularmente en su labor para garantizar el cumplimiento de los contratos-; la persistencia de barreras legales y regulatorias a la entrada y salida de empresas de los mercados; un sistema tributario inequitativo; la existencia de monopolios y prácticas monopólicas en diversos sectores de la economía; la persistencia de algunas barreras al comercio internacional; restricciones y rigideces derivadas de la legislación laboral, y la falta de libertad para elegir en materia educativa, particularmente en los niveles de educación básica y media básica en un sistema en donde no existe la rendición de cuentas.

Mucho se ha avanzado, pero nos encontramos en una coyuntura en donde mucho de lo logrado se puede perder. Estamos a punto de entrar de lleno en el proceso electoral para elegir Presidente y renovar el Congreso, y lo que digan los diferentes candidatos presidenciales debe ser analizado con cuidado (en ausencia de reelección, lo que se diga y suceda en las campañas electorales para diputados y senadores no tiene mayor importancia).

En esta etapa de precampañas, ni Peña Nieto ni ninguno de los tres panistas se han pronunciado de manera clara sobre lo que harían en materia económica, particularmente lo que proponen para mejorar el arreglo institucional y encauzar a la economía hacia una senda de crecimiento alto y sostenido. Solamente López Obrador ha expresado algunas de sus propuestas y éstas no suenan bien; mucho de lo que ha propuesto, de llevarse a cabo, atentaría contra la libertad económica, con la consecuente pérdida en el bienestar.

Es claro lo que México necesita para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo económico. Se requiere introducir modificaciones significativas en el marco institucional que rige la actuación e interacción de los individuos, empresas y gobierno para dotar a los individuos de mayor libertad para elegir. Se necesitan las reformas estructurales que no se han hecho para lograr que la economía opere de manera más eficiente, con menores costos de transacción y menores costos regulatorios, reformas que eliminen privilegios y la apropiación de rentas. Necesitamos, para ponerlo de manera sucinta, mayor competencia en todos y cada uno de los mercados, sean estos de bienes, de servicios o de factores de la producción junto con una eficiente protección de los derechos privados de propiedad.

Mientras esto no se logre, la economía no saldrá de la mediocridad actual.

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