La semana pasada, fracasó el intento del socialista Pedro Sánchez para convertirse en presidente de España. A diferencia de lo que ocurre en México, el modelo electoral español dispone que es necesaria una mayoría parlamentaria para elegir al titular del Ejecutivo y eso implica una elección indirecta del gobierno, en la cual el presidente de ese país no necesariamente es (o será) del partido que tiene más votos en las urnas, porque si sus opositores con menos votos en lo individual pero más en conjunto logran un acuerdo en la Cámara, pueden sumar la mayoría para impulsar una candidatura común que será la que ocupará el cargo.

Para ilustrar lo anterior, basta con decir que el Partido Popular fue el que más votos obtuvo en la contienda del pasado 20 de diciembre, pero al traducirse éstos en escaños, hasta ahora no le alcanzan para que el actual mandatario, Mariano Rajoy, siga en el gobierno, dado que necesita el respaldo de al menos 176 votos que significan la mitad más uno del total de los 350 diputados que integran el Congreso, porque no logró acuerdo con alguno de los demás partidos con más diputados, y entonces ni siquiera presentó su candidatura al Congreso, algo que sí hizo Sánchez, pese a que el PSOE es la segunda fuerza y a que tuvo su peor votación de los últimos años. Aun así habría podido ser presidente vía negociación con las otras fuerzas y aunque lo intentó con Ciudadanos, de Albert Rivera, tampoco le alcanzó.

El acuerdo y la negociación cobran un papel fundamental. Si la conformación de la Cámara de Diputados no tiene mayoría del partido en el que milita quien aspira a la investidura presidencial, es posible formar gobierno y de todas formas llegar a la presidencia, pero únicamente si se llega a un pacto que respalden fuerzas políticas distintas, para recabar ahí los votos necesarios y sumar la mayoría en el Congreso.

Los representantes españoles enfrentan hoy un escenario poco común, en el que no hay más un bipartidismo y ahora existen cuatro fuerzas con una votación considerable: el PP, todavía en el gobierno, que obtuvo 7.1 millones de votos; el PSOE, con 5.5 millones; Podemos 5.1 y Ciudadanos 3.5.

La Constitución española prevé que en caso de no alcanzarse el acuerdo, se disuelven las cámaras y hay que llamar a nuevas elecciones para que la decisión que no pudieron tomar los representantes populares (elegir presidente) regrese a la ciudadanía nuevamente, a través de una nueva conformación de representantes electos vía sufragio.

Reconocer hoy la existencia de visiones diversas y expresar tolerancia a la diferencia es un común denominador en los discursos de los actores políticos de izquierda, centro o derecha, en México, en España y en cualquier democracia, incluyendo a sus polos más radicales, aunque del discurso a la práctica no siempre se apuesta en realidad por el diálogo e incluso hay quienes estigmatizan a sus adversarios cuando se sientan a la mesa, buscando acuerdos o pactos con otros actores políticos que tienen visiones o ideologías distintas pero que también representan a un número de ciudadanas y ciudadanos.

Los acuerdos no siempre son posibles, pero de concretarse benefician a unos y a otros, permiten avanzar, concretar reformas o incidir en las políticas públicas, construir plataformas influyentes, aunque ello signifique ceder en algunos puntos.

No ha sido fácil el debate español por la investidura presidencial y probablemente será necesario repetir la elección por la falta de consensos. Es un supuesto previsto constitucionalmente, pero vale reflexionar que cuando la diversidad se expresa en discursos y también en las urnas, no es posible hacerla valer si se cancela el diálogo o se descalifica completamente el acuerdo con el otro y sus posturas, sólo porque es el rival de campaña.

Las y los electores no eligen una sola visión, porque en un mismo territorio habitan personas con problemáticas, posturas y convicciones diversas, que no podrían coexistir con respeto y tolerancia entre sí, si no se modularan políticas públicas con una perspectiva incluyente, sin ignorar la existencia de minorías que no coinciden con las ideas de las mayorías.

Reivindicar la construcción de acuerdos no es (o no siempre) claudicar a la identidad o traicionar las ofertas de campaña, sino reconocer que la diversidad no sólo está para incluirla en discursos políticamente correctos, sino también para llevar a la práctica su vigencia y ello obliga al diálogo y negociación, donde se está dispuesto a ceder posiciones de diferencia en aras de encontrar las de coincidencia, que son fundamentales.

España se acerca a una mosaico plural de representación política con cuatro partidos sólidos pero con visiones muy distintas en temas específicos, se aleja del bipartidismo y ya ha dado cuenta del valor de un acuerdo con su impedimento para formar gobierno desde diciembre hasta la fecha. México tiene otro modelo electoral pero también está muy lejos del bipartidismo y eso obliga a no soslayar la cultura de la negociación que asume la pluralidad y el respeto a la diferencia más allá de los discursos o las campañas.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.