A contraflujo de la tendencia, el sistema nacional está sujeto a los designios de los gobernadores, por obra y gracia del Seguro Popular, ese invento foxista que durante el calderonismo se tornó gracias a los economistas del ITAM en una caja chica para entidades, hasta que se implantó el sistema de compras consolidadas de medicamentos.

Casi al mismo tiempo fue levantado un diagnóstico sobre el funcionamiento de un millar de unidades médicas de primer nivel que operan actualmente en las 32 entidades. De esas, 247 son del IMSS y 152 del ISSSTE, mientras que otras 667 dependen de la Secretaría de Salud federal.

Antes, los estrategas del gobierno peñista habían identificado casi 500 intervenciones , relacionadas con servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, de especialidades médicas y de especialización quirúrgica, tras de ubicar las patologías más recurrentes entre los pacientes de las instituciones públicas de salud: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares, atenciones ginecológicas, insuficiencias respiratorias y renales, afecciones oncológicas y urinarias... El país ha generado una infraestructura de salud muy importante, se cuenta con el personal calificado, con las instalaciones y el equipo necesario. Paradojas de la salud pública: la fragmentación hace insuficiente la cobertura.

Los diagnósticos comprobaron la existencia de costos elevados y capacidades ociosas; la duplicidad de la infraestructura y una enorme insatisfacción de beneficiarios y derechohabientes, por la lentitud en la atención. Y en tiempos de austeridad, el uso racional y ordenado de los recursos y las instalaciones disponibles era una opción viable.

El secretario de Salud, José Narro Robles, era un entusiasta promotor del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, después de que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometiera a su instrumentación en el corto plazo.

Narro se equivocó. Pudo haber hablado de la referenciación de pacientes , de la identificación de áreas de oportunidad a nivel regional... Pero llamó a las cosas por su nombre. Y la universalización quedó congelada.

¿Los movimientos epidemiológicos o las dinámicas de la relación laboral dificultan el cumplimiento de la meta? Ni los gobernadores, pero sobre todo, los trabajadores de los servicios sanitarios aquilataron las bondades de esta propuesta. En público y en privado han expresado que la Secretaría de Salud con el aval de los directores del IMSS y el ISSSTE promueve la portabilidad de los pacientes. Hace seis meses, tras la firma del Acuerdo Nacional, los médicos del IMSS y del ISSSTE comenzaron una rebeldía silente. Y desde entonces, las autoridades sanitarias han tratado de desmentir la amplia gama de argumentos esgrimidos por los opositores a la universalización de los servicios.

Por lo pronto, los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud seguirán a cargo de llevar a cabo las acciones de protección social a nivel nacional y garantizarán el control del ejercicio presupuestal que este 2016 requirió 38,910 millones de pesos, de los cuales 16,676 millones fueron destinados a la compra de medicamentos y 22,234.7 millones al pago de nómina médica, paramédica y administrativa del personal directamente involucrado en la prestación de servicios.

En la aprobación del Presupuesto 2017, la Secretaría de Hacienda incorporó nuevas disposiciones para blindar el ejercicio y la comprobación del gasto de las partidas destinadas a los servicios de salud. El desvío de recursos ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz es el ejemplo más lastimoso de los abusos.

Los convenios de coordinación tendrían que ser suscritos a nivel regional entre los delegados del IMSS y del ISSSTE con los secretarios de salud de los gobiernos estatales. Y establecer las intervenciones específicas que habrán de intercambiarse a nivel local, mismas que deberán ajustarse a las tarifas máximas de referencia contempladas a nivel central.

La diabetes en vez del Zika mereció la declaratoria de emergencia sanitaria, por parte de la administración peñista, no obstante los escenarios apocalípticos generados por la llegada del mosquito Aedes Aegyptis: hace seis meses, un estudio difundido por Nature Microbiology pronosticaba 14.9 millones de casos en México y 93.4 millones en todo el orbe.

Después de los brotes de dengue hemorrágico en el Pacífico, había motivos para el pesimismo. Hasta la semana pasada, la Dirección General de Epidemiología ha contabilizado 6,642 casos autóctonos confirmados en 24 estados. Entre éstos, 15% son mujeres embarazadas. Hasta ahora, ningún caso de microcefalia.

La diabetes, por el contrario, ha rebasado cualquier expectativa, sobre todo por su letalidad. Los fallecimientos por esta enfermedad pasaron de 14,500 en 1980, a 98,450 en el 2015.

Narro aspiraba a llegar a la dirección general del IMSS y en vez de eso, su jefe lo envió a despachar a la Secretaría de Salud. Ante tirios y troyanos no tiene empacho en aceptar sus errores, como el de haber anunciado la universalización de los servicios de salud. Si hace tres meses no hubiera pasado el huracán Trump y el Ejecutivo consumado un ajuste a su equipo de trabajo, Narro habría sido garante de la gobernabilidad rumbo a la sucesión del 2018. A partir de este fin de semana, con su incorporación al Consejo Político Nacional del PRI, quedará reafirmada su condición de presidenciable.

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