En la edición anterior expuse que de acuerdo a la definición de empleo como aquella actividad por la que se recibe una remuneración en forma de sueldo, salario o compensación, las estadísticas no necesariamente consideran el trabajo que la población dedica a labores por los cuales no obtiene remuneración económica.

Esta situación se acentúa al tratarse de la labor de las mujeres en el ámbito rural.

En México, la proporción de las mujeres empleadas en el sector agrícola es de 3.5%, según cifras del Banco Mundial, y del empleo femenino correspondiente a trabajadoras en la actividad no agrícola es de 39.6 por ciento. El trabajo rural no agrícola incluye las industrias manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad, gas y agua. Los servicios incluyen el comercio al por mayor y al por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y servicios empresariales, y servicios personales, comunitarios y sociales.

Entre las posibles causas del incremento del empleo no agrícola, el estudio El empleo rural no agrícola y la diversidad rural de la Cepal explica que podría deberse a la incorporación a la fuerza de trabajo por parte de mujeres rurales (en su mayoría jóvenes) que se ven en la necesidad de migrar, de permanecer en zonas rurales pero fuera de la actividad agrícola, o bien de viajar diariamente hasta su lugar de trabajo en zonas urbanas.

Sin embargo, podemos distinguir que si bien las mujeres rurales están en la necesidad de emplearse en trabajos no agrícolas, no han dejado de trabajar en las labores de su tierra de cultivo o en trabajo de traspatio. Se refuerza la hipótesis de que el trabajo de las mujeres rurales no está siendo reconocido cuantitativamente y que no se valora su aporte a la economía ni se dirigen esfuerzos para remunerar su trabajo.

Al coincidir con esta reflexión, las instituciones comprometidas con el desarrollo rural valúan la importancia de apoyar la mano de obra con perspectiva de género. Es por tanto que dentro del Programa Institucional 2013-2018 de FIRA se propone fomentar los servicios y apoyos que se otorguen con una perspectiva de género. Lo anterior implica dar un mayor énfasis a los servicios de microcrédito y de agricultura familiar, ya que las pequeñas unidades de producción tienden a ser principalmente llevadas por mujeres, créditos que han mostrado ser particularmente efectivos.

Por otra parte, durante el 2014 los procedimientos de colaboración de FIRA otorgan calificación adicional, ponderada de 0.5 para el caso de proyectos ubicados en los municipios incluidos en Sin Hambre, de las localidades señaladas como prioritarias en los estados del sur y sureste. Tratándose de proyectos integrados mayoritariamente por mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y/o víctimas de la violencia se da una calificación adicional de 0.05.

Por tanto, instancias nacionales a cargo del cumplimiento de la agenda que reconoce el empleo de las mujeres rurales concluyen que las políticas relacionadas deben considerar como fundamental dejar evidencia cualitativa y cuantitativa de las aportaciones de su trabajo y poner en relieve su contribución económica.

*Angélica Fermoso Gómez es especialista de la Subdirección de Diseño de Programas en FIRA. La opinión es responsabilidad del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

[email protected]