Las estadísticas del Banco Mundial para diferentes países y sectores utilizan la definición de personas empleadas como aquellas que trabajan para un empleador público o privado y reciben una remuneración en forma de sueldo, salario, comisión, propina, pago por trabajo a destajo o pago en especie.

Para el sector primario dicha definición subvalúa el nivel del empleo, entre otras condiciones, por no reconocer la labor realizada por el trabajador en su propia tierra, factor que al ser abordado desde la perspectiva de género profundiza sus efectos.

Para el año 2011, del total de la población ocupada en México, 13.4% representa a las personas empleadas en la agricultura. De dicho porcentaje, 19.2% corresponde al empleo masculino dedicado a trabajos agrícolas, y 3.5% del empleo femenino corresponde a trabajadoras en actividades agrícolas; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la mano de obra proveniente de las mujeres es de 43%, en tanto que el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer lo sitúa entre 60 y 80 por ciento.

Dentro de los trabajos realizados en la Agenda de Políticas Públicas para las mujeres rurales, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) divide el empleo de las mujeres en tres grupos: productoras agrícolas (jefas de explotaciones no remuneradas), asalariadas agrícolas (permanentes o temporales) y mujeres con Empleo Rural No Agrícola (ERNA).

La proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola (ENRA), según estadísticas del Banco Mundial, fue de 39.6% en el 2011, proporción mayor con respecto a 10 años anteriores, cuyo porcentaje correspondiente fue de 36.5 por ciento.

Entre las razones por las que se observa el bajo nivel de empleo agrícola con respecto al ENRA se encuentran la falta de reconocimiento a labores agrícolas realizadas en sus tierras o de las labores que realizan para su familia; limitantes legales sobre la posesión de la tierra que no les permite ser consideradas como productoras, y los labores de apoyo no contabilizados como parte del empleo formal. El escaso reconocimiento de su trabajo traducido en datos estadísticos resulta en aportaciones aparentemente menores dentro de los indicadores económicos y agrícolas.

A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las mujeres rurales continúan viviendo en situaciones de desigualdad tanto social como política que les limita el acceso a recursos públicos como crédito, asistencia técnica y tecnología, y por otra parte, las mujeres asalariadas trabajan a destajo en condiciones precarias y sin garantía de sus derechos laborales.

Las instituciones comprometidas con el desarrollo rural enfrentan el reto de identificar a la población que se encuentra en esta situación y no excluirlas de sus programas y políticas. Sobre este tema hablaré en el siguiente apartado de la presente nota, exponiendo las iniciativas actuales dirigidas a remunerar el empleo de la mano de obra de las mujeres.

*Angélica Fermoso Gómez es especialista de la Subdirección de Diseño de Programas en FIRA. La opinión es responsabilidad del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

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