En los gobiernos, como en la vida, hay decisiones que implican una decisión de no retorno: casarse, la elección de carrera, el destino de la carrera profesional… Algo análogo sucede en la toma de decisiones por parte del gobernante, cuya marcha atrás será casi imposible y que marcará las decisiones futuras.

Y en esta línea hay que enmarcar la decisión de López Obrador de reformar la Ley de la Industria Eléctrica, de modo que se autorizase sin una coma, y que de hecho, hace a un lado a los prestadores de energías limpias del sector privado, inhibe la competencia en la compra de energía eléctrica, al darle a CFE la prioridad en la elección de la energía que ella genere, sin que deba realizar subastas para comprar la que resulte más barata; reforzar el monopolio de CFE como la única empresa en el mercado de generación, distribución y consumo de la energía eléctrica; darle preferencia al uso de energías contaminantes sobre las energías limpias e incumpliendo de forma indirecta el Convenio de París sobre cambio climático, que implica compromisos válidos contraídos por México en el concierto internacional, además de vulnerar al T-MEC al hacer a un lado a los inversionistas extranjeros en energía, haciendo lado la neutralidad competitiva que deben asumir las empresas productivas del Estado en relación a los particulares en el mercado de la energía eléctrica. Esta última broma le puede costar al Estado mexicano la friolera cantidad de indemnizaciones por sumas superiores a los 20,000 millones de dólares si así lo deciden los árbitros en los paneles Estado-inversionista que muchas de las empresas extranjeras han amenazado en utilizar si la contrarreforma energética resulta aprobada en los mismos términos en los que fue enviada por el presidente como iniciativa preferente. Ni qué decir que el famoso parlamento abierto no fue más que una formalidad para dar la apariencia de pluralidad y democracia con que la 4T han pretendido a lo largo de estos más de dos años de gobierno han pretendido disfrazar como el “gobierno del pueblo”.

Al margen de lo que decida la Suprema Corte en las acciones que se presenten ante ella, que tiene como antecedente una negativa a un acuerdo que establece a un nivel inferior a lo que promueve la ley en demérito de las energías renovables y la anulación de la competencia, que fue declarado inconstitucional por nuestro máximo tribunal y que debería ser resuelta en el mismo sentido si no cambia la composición de la Corte al cambiar los ministros que están por renunciar y que serán sustituidos por ministros afines a AMLO, y podrán por ende, inclinar la balanza hacia la iniciativa del Ejecutivo, hay que señalar un hecho adicional y que constituye la conclusión que podemos sacar de la aprobación de esta reforma: con esta decisión, el gobierno de López Obrador, como César en su momento, cruzó el Rubicón, es decir, no hay marcha para atrás y a partir de ahora tendrá que manejarse por decisiones similares a la adoptada en este trascendente acto: no respetar sus compromisos adquiridos, al dar marcha atrás a la reforma energética, contra sus múltiples afirmaciones en sentido contrario en campaña y ya instaurado en el gobierno; no subirse al tren que ofrece el presidente Biden al confiar la recuperación económica a la promoción de las energías renovables, a través de un New Green Deal; vulnerar compromisos internacionales que tendrán un alto costo para los bolsillos de los mexicanos y regresar a México a un sistema eléctrico propio de los años 70.

Con esto, bye a la inversión extranjera, a la confianza en el sector empresarial, a la atracción de inversiones para generar empleos y a la expectativa de recuperación económica, que se esfuma como el humo sale de un cigarro. Un acto solo comparable con la expropiación bancaria que alejó a México del comercio internacional por diez años y que inició la década perdida de la que fuimos víctimas decenas de millones de mexicanos. Los 125 millones que arrojó el censo tienen derecho a una vida en plenitud, sin pérdidas exorbitantes como el capricho de López Obrador ha tenido con su reforma. Los mexicanos no se merecen esto. Pero como dice el dicho: alea jacta est, con la reforma eléctrica la suerte está echada.