De acuerdo con cifras muy, pero muy preliminares, los daños que provocó a la infraestructura urbana de Monterrey el huracán Alex ascienden al menos a 2,000 millones de pesos.

El fenómeno provocó también que más de 40,000 habitantes fueran desalo­jados como consecuencia de que sus viviendas se ubican -y muchas ubicaban- en zonas de alto riesgo.

Son 21 municipios de Nuevo León los que fueron catalogados como zona de desastre por la Secretaría de Gobernación y de acuerdo con la Cámara de la Vivienda (Canadevi), sólo con el apoyo de subsidio federal se podrán reparar las más de 7,000 casas que resultaron afectadas.

Fue un desastre. Un desastre que, hay que decir, hubiera sido mucho peor si hace algunos años no se hubieran cambiado de ubicación los asentamientos irregulares que indebidamente poblaban el Río Santa Catarina y no se hubiera construido la presa El Cuchillo, que permitió amortiguar hasta en 50% las crecientes.

El desastre bien pudo haber alcanzado niveles de tragedia si durante la década reciente el dinamismo del sector vivienda no hubiera generado las opciones habitacionales que prácticamente acabaron con los asentamientos irregulares.

En términos económicos también se limitó el tamaño del desastre, en la medida en que el acelerado desarrollo de la vivienda formal evitó que miles de familias hayan visto desaparecer sus patrimonios en medio de las aguas.

Y es que durante más de una década, Nuevo León se ha ubicado en los primeros cinco lugares en generación de vivienda, lo que significa que buena parte de su planta laboral habita en una casa que actualmente está pagando por medio de un crédito hipotecario.

Para todas estas familias hay dos muy buenas noticias. La primera, que prácticamente todos los esquemas de crédito hipotecario, sean de organismos públicos o privados, cuentan con dos seguros, uno de vida, que garantiza que en caso del fallecimiento del titular la propiedad pase a manos de sus herederos y, otro de daños, que protege el patrimonio familiar de los posibles efectos de fenómenos naturales.

La segunda buena noticia es que, dado que muchos neoleoneses se quedaron sin sus fuentes de ingreso, la mayoría de las instituciones que otorgan créditos hipotecarios han incorporado a sus esquemas seguros de desempleo y además con toda seguridad deben estar a punto de anunciar un programa emergente, que deberá ofrecer prórrogas a quienes tienen un crédito y de alguna forma tendrán problemas para mantenerlo al corriente.

En lo que respecta al seguro contra daños, el primero que salió al paso fue el director del Infonavit, Víctor M. Borrás Setién, que dijo que a nivel nacional el Instituto tiene más de 4 millones de casas aseguradas, de las cuales cerca de 400,000 se ubican en Nuevo León.

Hay que decir que en esta ocasión, la tragedia sucedió en Nuevo León y Tamaulipas, dos estados con economías muy sólidas, que como consecuencia cuentan con gran parte de su Población Económicamente Activa inscrita en el sector formal, lo que significa que son derechohabientes de los principales fondos de vivienda y, consecuentemente, cuentan con la protección que incluyen sus esquemas de crédito.

Hay que decir también, que en el caso de ambas entidades, la vivienda se genera fundamentalmente bajo modelos de formalidad y grandes volúmenes de producción, lo que se traduce en que los modernos desarrollos habitacionales se ubican en zonas urbanas alejadas de las zonas de alto riesgo.

En el caso de la infraestructura, el gobierno de Nuevo León ya reetiquetó más de 1,400 millones de pesos de partidas federales para destinarlas a la reconstrucción, recursos a los que habrá de agregar los que, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destine al mismo fin el gobierno federal.

En materia de vivienda, al margen de las medidas emergentes dirigidas a que los afectados no vivan en la calle, la reconstrucción depende de la eficiencia de las aseguradoras y de la rapidez con que se puedan canalizar subsidios.

En materia de infraestructura, todo depende de la rapidez con que se decidan y liciten las obras y, sobre todo, de que el Fonden no siga siendo una maraña de burocracia y reconozca, al fin, que una emergencia no espera.

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