Hace una semana, Claudia Paz y Carlos Beristáin dos de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sustentaron nuevamente un relato pormenorizado sobre la asistencia técnica que brindaron al gobierno mexicano, en la intención de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre del 2014.

Además de rebatir la verdad histórica sustentada por el entonces procurador, Jesús Murillo, los integrantes del GIEI volvieron a referirse a las pruebas que recopilaron, y que entregaron a las autoridades, sobre serias irregularidades en la investigación del caso: pérdida de videos y pruebas, ocultamiento de información, retraso y obstaculización a la práctica de muchas diligencias... e indicios sobre tortura a 17 de los detenidos; entre ellos el sicario de los Guerreros Unidos que el 28 de octubre del 2014 condujo al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, al hallazgo de los restos óseos que permitieron la identificación de Alexander Mora, uno de los normalistas.

Los expertos denunciaron que los servicios periciales alteraron la escena e insinuaron que esa evidencia fue sembrada . Murillo Karam ya había renunciado cuando la Visitaduría General de la PGR atendió la queja de los familiares de las víctimas y procedió a revisar las actuaciones, tanto del personal de la AIC como de los peritos y policías que ocultaron evidencia, como la existencia de un quinto autobús, detenido a la salida de Iguala y escoltado hacia las afueras de la ciudad por policías federales, que había sido tomado también por otro grupo de estudiantes que sobrevivieron y sufrieron persecución durante varias horas.

Hace cuatro días, The New York Times (NYT) reveló la existencia de un reporte interno sobre las indagatorias del caso Iguala en el que se acreditan irregularidades cometidas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, que entonces estuvo a cargo de Tomás Zerón, actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

El reporte muestra cómo fue mal manejado el caso , señala el texto periodístico, reproducido en México por el diario Reforma, sin precisar que se trataba del proyecto de resolución sobre el proceso sancionador al que fueron sometidos los elementos de la AIC que participaron en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014.

Los padres de los jóvenes, según esas versiones, fueron emplazados a conocer de esas indagatorias por la entonces procuradora Arely Gómez González, en una reunión que habría tenido lugar el pasado 18 de agosto. La información nunca se entregó y, posteriormente, el visitador general César Alejandro Chávez Flores renunció a la PGR cuatro semanas después de la reunión con los padres de los desaparecidos .

Su salida, en caso de que esta información sea exacta, ocurrió casi simultáneamente a la dimisión de Zerón de Lucio. Y si bien ambos formalmente presentaron su renuncia, no se trata de hechos comparables.

Una filtración volvió a comprometer la imparcialidad de la PGR. Pero sobre todo desvela los conflictos al interior de la dependencia. Y es que lo que el NYT identificó erróneamente como un reporte se trataba de un proyecto de sanción que, en última instancia, comprometería la permanencia de Zerón de Lucio dentro del gobierno federal. Sus efectos jurídicos, sin embargo, son inviables pues jamás nació a la vida jurídica, porque no se firmó.

Originario de Chihuahua, con apenas 42 años, Chávez Flores fue asesor jurídico y de asuntos laborales para la Coparmex, en el primer tramo de su carrera profesional. Ingresó al servicio público en el 2003, convocado por el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, ingresó a la Secretaría de la Función Pública y allí permaneció seis años. Entre diciembre del 2009 y marzo del 2012 cumplió con su primer periodo como visitador general de la PGR.

En los últimos seis meses de la administración calderonista fungió como contralor de Pemex. La experiencia de conocer detalladamente los riesgos de corrupción más relevantes y de mayor recurrencia en los organismos que integraban la industria petrolera paraestatal le dio impulso para competir por el cargo de fiscal anticorrupción.

En marzo del 2015, la entonces procuradora Arely Gómez Gónzález lo invitó a regresar a la PGR, como visitador general. Durante su gestión llevó a proceso penal ya fuera prisión formal o vinculación a proceso a 320 servidores públicos y removió por responsabilidad administrativa grave a más de 250 agentes del Ministerio Público.

Contradictoria, la postura oficial de la Procuraduría resultó ineficaz en el fondo del asunto. Y en lo formal reconoció que el documento difundido por The New York Times se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal.

Por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jurídicamente inexistentes , subraya, y por lo tanto están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación .

Las partes involucradas tuvieron un intenso y ríspido, en muchos momentos intercambio de correos electrónicos a partir de que el ex visitador general presentó su proyecto de resolución.

Chávez Flores se negó a ocultar el desaseo del caso Iguala. Ambos salieron de la PGR en septiembre pasado.

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