Se han presentado legítimas manifestaciones sociales para repudiar el hecho, la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, la detención del alcalde presuntamente involucrado, así como la de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

La desaparición forzada y asesinato del que fueron víctimas, el 26 de septiembre del año pasado, estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, detonó una indignación generalizada en el país y protestas diversas vigentes hasta hoy, las cuales, en algunos casos, incluyen llamados y acciones para impedir que se celebren las elecciones en esa entidad.

Sin duda, uno de los elementos que han propiciado ese llamado a evitar comicios deriva de los resultados que han arrojado las investigaciones oficiales, en las que se refiere que los cobardes asesinatos de estudiantes ya confirmados, como el de Alexander Mora, fueron posibles por la presunta infiltración de delincuentes en el gobierno de Iguala, quienes junto con la Policía municipal debían defender a la población, a jóvenes como Alexander, y no aliarse con sus asesinos, utilizando incluso el aparato de seguridad pública para ello.

En ese contexto, desde hace poco más de cuatro meses, se han presentado legítimas manifestaciones sociales para repudiar el hecho, la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, la detención del alcalde presuntamente involucrado, así como la de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Las protestas han registrado excesos, como irrumpir en instalaciones del Instituto Nacional Electoral e increpar en el filo de la violencia a consejeros y funcionarios electorales distritales que nada tienen que ver con el doloroso caso de Ayotzinapa.

El INE no ha dejado de celebrar ninguna de las actividades que permitirán ejercer el voto el primer domingo de junio, pero ha tenido que adoptar medidas extraordinarias a efecto de que sus consejos distritales, con la prudencia que amerita el tema, desahoguen las rutinas institucionales en sedes alternas si es necesario y para que su personal pueda ajustar calendarios del proceso que sigue en marcha para integrar las mesas de votación.

El límite para cualquiera de esas actividades siempre será no poner en riesgo la seguridad e integridad física de personas.

El encono y desencanto tiene motivos evidentes en Guerrero, donde hay una sociedad agraviada que habría visto traicionada, en su peor expresión, la confianza que otorgó, a través del voto, a funcionarios públicos.

No alcanzan las facultades de las autoridades electorales para solucionar problemas tan profundos como la eventual infiltración de asesinos en cargos de representación, pero sí para garantizar que sea la vía democrática la que defina quién ocupa esos cargos y quién no. Suspender elecciones como instrumento de protesta por lo ocurrido en Iguala no soluciona el problema, lo hace mayor.

Sería un error cerrar los ojos ante la gravedad de los hechos, o descalificar los reclamos sociales, pero también ignorar que cancelar comicios dejaría las cosas en el estado en el que se encuentran, porque el derecho al voto es la única fórmula democrática probada en el mundo que permite cambiar el rumbo, sancionar a partidos, legisladores y gobiernos municipales, estatales o federales, cuando éstos no cumplen con sus obligaciones frente a la expectativa de la ciudadanía.

No podemos permitirnos abandonar la vía democrática que tanto ha costado al país. ¿Qué ocurriría si los guerrerenses no tuvieran oportunidad de elegir a sus representantes en el 2015? ¿Quién definiría a las autoridades y con qué legitimidad, si no es a través del voto mayoritario? ¿Cómo suspender votaciones sin generar un contexto peor del que se busca salir?

Guerrero necesita recuperar la seguridad y confianza y eso no se resuelve solo con elecciones, pero puede empeorar sin ellas, porque el vacío de poder y legitimidad para quien gobierne, en tanto no hubiera derecho a voto, sería una debilidad más para un problema ya de por sí enorme.

*El autor es consejero electoral del INE.

Twitter:@MarcoBanos