La observancia al debido proceso legal no plantea un debate entre los derechos de las víctimas y de los victimarios. Reducirlo a ello, más que un sofisma, postula una peligrosa posición de los órganos del Estado para violar garantías y derechos humanos cuando -a su unilateral y gratuito arbitrio- el fin justifique los medios.

Los principios: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho o nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento , que recogen los artículos 14 y 16 constitucionales, no constituyen expresiones vagas de las que se pueda prescindir para sancionar a quien supuestamente infringe la ley. Estos postulados no son exclusivos de nuestro texto constitucional ni una ocurrencia de nuestra historia nacional.

El principio del debido proceso legal surge con la Carta Magna de 1215, en la que los hombres libres de Inglaterra hicieron prometer al Rey Juan que nadie sería privado de sus posesiones o libertad, salvo por el previo juicio de sus pares o de la ley. Con algunas modificaciones habidas en los siglos XIV, XVII y XVIII, este principio sigue vigente desde entonces en Inglaterra y se incorporó al constitucionalismo de los últimos tres siglos como un derecho humano fundamental. La Constitución Americana incorporó este principio en las enmiendas de 1791 y 1868. En nuestro país, esta garantía se incorporó en el texto constitucional de 1857.

Juristas como Edward Coke, John Marshall, John Holt y Thomas Powys, que debatieron el alcance y protección de este principio en los siglos XVIII y XIX, quedarían atónitos de escuchar al subprocurador Cuitláhuac Salinas –titular de la SIEDO- indicar que el debido proceso de ley no es más que la suma de algunos tecnicismos del que se aprovechan los delincuentes para evadir la justicia .

El proyecto del ministro Zaldívar -discutido esta semana en la Corte- contiene el mérito no sólo de recordar la importancia toral de este principio rector de la actuación estatal, acotada siempre al imperio de la ley, sino el de otorgar una protección efectiva a quien solicite el amparo constitucional cuando dicho principio es violado.

Desafortunadamente, la resolución de la Primera Sala de la Corte coincide en exaltar la importancia del principio, más no así en la gravedad de su inobservancia. La Sala parece decirnos: Aquí no ha pasado nada. Ya hubiera querido Juan Sin Tierra contar con los servicios de Don Cuitláhuac.

Ahora bien, la importancia del debido proceso legal no se limita a la materia penal, sino que incide igualmente –y de manera fundamental- en el ámbito fiscal. El principio antes citado de que la autoridad no puede entrometerse en el domicilio o papeles de los particulares, tiene como excepción a la actuación de la Policía Ministerial y los auditores fiscales.

Para dichos funcionarios, la diligencia de su actuación se rige por límites que, de no respetarse, pueden invalidarla. La Constitución asegura –a través de las garantías de debido proceso y de audiencia- que, con independencia de lo observado en las diligencias ministeriales o tributarias, los particulares tienen acceso irrestricto a los medios de defensa y a los elementos de prueba que consideren oportunos. Lo dicho para las visitas domiciliarias vale igual para las auditorías de gabinete.

Por ello, no deja de extrañar que la propia Primera Sala haya aprobado el pasado mes de febrero la tesis (aislada) XVI/2012, en la que valida la posibilidad legal de limitar la exhibición en juicio de los documentos que no fueron exhibidos durante la auditoría, pues ello implica el que el contribuyente deba estar asistido forzosamente por un abogado durante el proceso de revisión fiscal, situación que no se desprende del debido proceso previsto por la Constitución.

La discusión de esta semana en la Corte representa una inmejorable oportunidad para centrar el debate en su justa dimensión. No se trata de confrontar derechos de víctimas y victimarios. Se trata de respetar las garantías y derechos de los ciudadanos sin excepción alguna. Se trata de contar con más juristas como Arturo Zaldívar y de menos leguleyos como Cuitláhuac Salinas.