La pandemia provocada por el Covid-19 trastornó la vida social y económica a nivel mundial. En México, desde marzo de 2020 inició el cierre de toda actividad económica salvo las esenciales vinculadas a servicios de salud, alimentación, seguridad pública y similares. Ello se reflejó en una caída del PIB en México de (-)18.9% en el segundo trimestre de 2020 y todas las empresas han resentido los efectos del Covid-19, algunas más que otras; son muy pocos los negocios que se han visto beneficiados con la pandemia.

Los encargados de las finanzas de las empresas, los CFO, han tenido que ajustar drásticamente sus presupuestos para sobrevivir: cuidar el gasto y procurar los ingresos posibles, los cuales a su vez son gastos de otros que igualmente serán vigilados.

En esa tarea titánica de reducir gastos y procurar ingresos se encuentra inmerso el cumplimiento de obligaciones contractuales, aspecto relevante pues el CFO, de la mano del jurídico de la empresa, debe sortear las condiciones a las que la propia empresa se haya obligado. El caso fortuito o fuerza mayor, considerados como un concepto similar pues sus efectos jurídicos son los mismos, se presentan por acontecimientos de la naturaleza (un terremoto), del hombre (la guerra) o de la autoridad (una orden). Son imprevisibles e irresistibles; provienen de una causa ajena a la voluntad de las partes y muy pocas veces se está preparado para enfrentarlos adecuadamente.

Una realidad desafortunada develada por la pandemia ha sido que, en muchos de los contratos civiles y mercantiles celebrados por las empresas, el caso fortuito o fuerza mayor no estaba estipulado adecuadamente o ni siquiera estaba previsto, lo que reduce de forma importante el margen de maniobra para aminorar obligaciones de difícil cumplimiento. En el Derecho mexicano, como norma general, los contratos se rigen por lo pactado entre las partes. Solo muy pocas legislaciones estatales regulan la posibilidad de intentar una defensa ante una imprevisión, como es el caso de la Ciudad de México, donde se prevé que cuando surjan acontecimientos extraordinarios que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones, primero ante su contraparte y si no prospera ante un juez.

Si bien este tipo de medidas parece atender a una causa justa derivada de un imprevisto, también tiene un lado negativo, pues a fin de cuentas deja de prevalecer lo estipulado en los contratos.

De este modo, al no tener debidamente estipulado en los contratos las consecuencias por sobrevenir el caso fortuito o fuerza mayor, sólo en pocos casos podría intentarse una acción para mitigar el desequilibrio en las obligaciones contractuales provocado por un acontecimiento imprevisible como la pandemia.

Una de las múltiples experiencias que deja el Covid-19 es que, al momento de obligarse contractualmente, las empresas deben prever incluso lo que prevalecerá en caso de surgir imprevistos.

*El autor es presidente de Finanzas y Administración del IMEF.