Los llamados a la descoordinación llevan a falsos debates, como quién genera la recaudación o si una parte del país genera la riqueza y la otra se aprovecha.

La amenaza de los gobernadores de descoordinarse del sistema de coordinación fiscal surge de vez en vez entre gobernadores de oposición, cuando la coyuntura del congreso no favorece a las demandas subnacionales. Es por eso que gobernadores buenos para el bote pronto, como el Bronco, o a los que les urge figurar en la escena nacional, como Alfaro, aprovechan los reflectores que ahora tienen con la crisis del Covid-19 para sacar a relucir el tema. La verdad es que es un tema que llama la atención y gusta en ciertas regiones, particularmente si uno acostumbra a leer El Norte o El Informador. La verdad es que sería imposible, en la práctica, que un Estado construyera en semanas un sistema de administración tributaria que permita a los estados administrar los impuestos sobre la renta y el consumo. El segundo imposible sería la forma de un impuesto al valor agregado, que tendría que migrar a una forma de impuesto final a las ventas. La narrativa de que las entidades renunciaron a sus atribuciones fiscales en favor de la Federación es teórica, en realidad, es la única manera de construir un sistema fiscal más o menos moderno, que aún recauda poco, y que, por cierto, buena parte de las deficiencias en términos de recaudación de tributos, en relación con otras naciones de América Latina, se concentran en gravámenes locales, a la propiedad, al traslado de dominio, a las plusvalías inmobiliarias, al cobro del agua y a las emisiones de los autos. Los estados y municipios recaudan alrededor de 1 punto del PIB considerando todas sus fuentes de ingreso, probablemente el porcentaje más bajo de federación alguna.

El poder subnacional en México y, por tanto, los recursos de los que disponen los estados, ha sido inversamente proporcional a la fortaleza del poder presidencial y al control del congreso por parte del poder federal. Los estados ganaron terreno durante la segunda parte del siglo XIX y lo perdieron en el porfiriato, lo retomaron durante las primeras décadas del siglo XX y perdieron poder durante el régimen priista. Desde finales de los 90, con una figura presidencial debilitada y un congreso dividido, los estados fueron ganando recursos, atribuciones y capacidades de hacer política pública. Del gasto federal, 35% se transfiere a las entidades después de un desordenado proceso de tres décadas de descentralización de servicios y de fondos especiales que incrementaron la capacidad de acción de los estados, pero no sus finanzas. Hace dos años, estados y municipios se las arreglaron para con seguir recursos para proyectos sin planeación, por medio de convenios arreglados en condiciones muy poco transparentes. De hecho, lo que ha sucedido en los últimos años son leyes, llamadas generales, que buscan regular y vigilar las finanzas de las entidades, debido a los abusos, en temas como gasto, deuda pública y mecanismos de fiscalización. No se aprovechó la circunstancia favorable que tuvieron los poderes subnacionales por varios años para construir un sistema de coordinación de ingresos y gastos más equilibrados, sustentables y eficientes.

Los llamados a la descoordinación llevan a falsos debates, como quién genera la recaudación si los estados o la federación o si una parte del país genera la riqueza y la otra se aprovecha de los más industriosos. Por cierto, el gran perdedor de las reformas más recientes a la ley de coordinación en el 2008 fue la Ciudad de México, cuyo porcentaje de recaudación participable que recibe pasó de 19 a 11% del total, cuando genera una enorme riqueza en servicios financieros, corporativos, culturales, creativos y turísticos, además de operar el Metro, con 4 millones de usuario del Estado de México. A lo que nos debemos abocar es a buscar alternativas para incrementar los ingresos de estados y municipios, con políticas como una tenencia nacional, inversiones en catastro, en padrones de ingresos sobre nómina y en otras como en la participación de estados en la recaudación de los impuestos al ingreso de las personas físicas, en donde tienen ventajas comparativas para recaudar. Ahora, lo urgente es construir alternativas para evitar que en esta coyuntura caigan los ingresos de las entidades, ya que el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades solamente alcanza para cubrir las reducciones de las participaciones si el PIB cae por 2%, una caída mayor tendrá que ser cubierta por otro medio.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.