La noticia en competencia económica de la semana es la directriz de la Secretaría de Energía (Sener) al organismo regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que establezca un control de precios sobre el gas licuado de petróleo, debido, según sus considerandos, al abusivo incremento de precios del combustible por parte de los distribuidores de gas LP y para proteger a la población frente a tales excesos. Al margen de la polémica motivación, no se siguió el procedimiento establecido en la Ley para tal efecto, lo cual muestra una vez más el desprecio de la administración actual por el Estado de Derecho. 

La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece en su artículo 9 el proceso que para la imposición de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  

Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  

En general, la Secretaría de Economía, previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme al párrafo anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. En el caso de los petrolíferos, corresponde a la CRE. 

La Profeco, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Es claro que la Sener no se sujetó a dicha normativa. AMLO argumenta que, ante la ley y la justicia, él da preferencia a la justicia. Lo que hay que enseñarle es que el título atributivo de justicia (lo suyo del dar a cada uno lo que le corresponde) es determinado por la ley, natural o positiva, por lo que no existe tal antinomia. El desprecio reiterado de López Obrador por el Estado de Derecho, si bien nos ha dado más trabajo a los abogados, lo acerca más a un déspota que a un gobernante. 

Además, los controles de precios deben establecerse de modo muy excepcional. La regulación debe hacerse utilizando los mecanismos de mercado, no por decreto. El riesgo de establecer precios máximos es que puede fomentarse la economía informal (mercado negro) o podrían darse situaciones de desabasto (como ha sucedido en el caso de los medicamentos y ya empezamos a ver como algo normal en nuestra economía, lo que no tiene nada de normal). 

El mejor asignador de los precios es el mercado; este no es perfecto, pues se dan situaciones en que un competidor tiene poder de dominio, por lo que puede fijar los precios sin perder clientes. En estos casos, y sólo en estos casos, cuando la autoridad de competencia ha determinado que estamos frente a tal situación, la SE puede fijar los precios. Es más fácil bajar los precios a base de decretos, que hacerlo utilizando los mecanismos de precios y el mercado. Pero el hecho de que sea más fácil no significa que sea lo óptimo. 

Ya tenemos experiencias de intentos de control de la inflación a base de concertaciones entre sectores productivos, y esto se alcanzó a medias. El gran problema, además, es que, como dice Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, los controles de precios son como el alcohol: se empieza con una copa y se puede terminar con una borrachera, como sucedió en México en la década de los setenta y ochenta. 

No es buena noticia la directriz de la Sener. Muestra una vez más, el desprecio de López Obrador por el orden jurídico; pretende resolver un problema con la decisión más fácil, que no la correcta, e inicia lo que puede ser para la segunda parte del sexenio, una ola de decretos de control de precios que nos hagan olvidar que estamos en una economía de mercado. Ojalá nos equivoquemos; de otra manera, bienvenido otro sexenio perdido.