La necesidad de medir la riqueza para tomar medidas para reducir las diferencias ha sido objeto de debate en los últimos días. No de la mejor manera. Por un lado, la propuesta de que el Inegi se encargara de medir la riqueza fue confusa y parcialmente errónea. Es probable que lo que se quiso decir es que para medir de manera precisa la desigualdad no bastan los datos de las encuestas ingreso-gasto. Es decir, los índices que miden la desigualdad identifican mayores diferencias cuando se utilizan datos fiscales y no sólo encuestas para su elaboración. En eso ya trabajan instituciones como el SAT y el propio Inegi. Ese detalle se aprovechó para vender la idea errónea de que lo que se quería era que personal del Inegi entrara de manera periódica a los hogares. Eso no es necesario. Como resultado, se ridiculizó el debate con el argumento de que el país se encaminaría al comunismo o nos convertiríamos en Venezuela.

Lo cierto es que la desigualdad desproporcionada es un problema, no solamente para consolidar economías sólidas, sino también sociedades gobernables. Eso especialmente cuando la desigualdad se incrementó a partir de la década de los 80. Piketty muestra la gráfica que respalda cómo la proporción de la renta pasó de 35% en 1980, a capturar casi 50% del ingreso en el 2020; mientras que la tasa marginal del impuesto sobre la renta era en promedio 81% entre 1932 y 1980, actualmente es de 39 por ciento. Además, cada vez es más difícil que una persona de bajos recursos pueda, por su mérito, subir su nivel de ingreso. Mientras el hijo o hija de una familia que forma parte de 10% más pobre de la población de EU tiene una probabilidad de 20% de ir a la universidad, eso sube a 90% si uno proviene de una familia del decil más alto. Es decir, es el origen familiar, no los méritos, lo que determina los ingresos futuros.

Todo eso se ha reflejado en el debate electoral estadounidense, en el que se identifica el triunfo de Trump y la xenofobia como resultado de la casi nula expectativa para las mayorías pobres. Se han propuesto, para reducir la desigualdad, medidas como: que los servicios de salud y de educación superior sean gratuitos y de la misma calidad para toda la población, mayores impuestos para los más ricos y otros nuevos en ese país, pero que existen en Europa, como los que gravan el patrimonio y las herencias. Se trata de propuestas relevantes para el caso mexicano, un país todavía más desigual y donde 1% más rico está claramente menos gravado que en otras naciones y que, incluso, individuos de menos ingresos. Ahora, sería bueno comenzar por el principio y tomarnos en serio el cobro del impuesto predial. México cobra 0.2% del PIB en predial, cuando en otros países de América Latina se obtiene más de 2% del mismo. El mejor cobro del predial también puede incluir el de gravar parte de los bienes heredados, en propiedades de gran valor, como traslados de dominio. Además, también podemos volver a tasar el uso de los autos, como en todo el mundo, con tasas progresivas.

Con medidas apropiadas, podemos combatir considerablemente los porcentajes de desigualdad, lo que traería consigo toda una serie de efectos positivos en los ámbitos político, económico y social.

Twitter: @vidallerenas

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.