La catástrofe va en el curso .

Wong Li.

La intercampaña electoral, en la que se está y que se extenderá todavía durante febrero y todo el mes de marzo, la regula una ley que prohíbe hacer política. Los candidatos no pueden promoverse. Los partidos no pueden hacer propaganda de ninguna manera ni en secreto ni en los medios. No puede haber debates de ninguna naturaleza. Ni medios ni candidatos ni partidos pueden promover el voto.

Nadie sabe quiénes aprobaron esa monstruosidad jurídica y política. Ni con qué objetivos. Si estas semanas de caos legal ponen de nuevo en la salida a los contendientes en la carrera presidencial, con lo que todo recomienza y la elección será más equitativa. Olvídense de las encuestas, apenas comenzarán en abril. Si esas seis semanas se colocaron en lugar del recorte a la campaña. Si se conceden estos largos días a los ciudadanos para que funden racionalmente su intención de voto. Un retiro imposible en el fondo de la conciencia ciudadana.

No se sabe. En todo caso, sin otra consideración que su estructura jurídica misma, en este punto, la ley se volvió una aberración. Se buscaba perfeccionar el Cofipe y se terminó echándolo a perder. La ley, que en su mandamiento mismo debe producir certidumbre jurídica, provoca incertidumbre. Partidos y candidatos, entre apesadumbrados y recelosos, preguntaban al IFE: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está prohibido y qué permitido? . El órgano electoral, mientras más tenga que resolver casos dudosos en la materia, más perderá credibilidad y más enredos sobrevendrán en el proceso.

En segundo lugar, ninguno de los candidatos a la Presidencia o a los órganos de representación dedicarán este mes y medio a afinar su plataforma y sus propuestas. Ya tuvieron bastante tiempo para hacerlo. Tampoco emplearán este tiempo en ajustar su plan de campaña. Si no lo hicieron antes ya es tarde. Son candidatos para hacer política, y la harán. Entonces, surge el poder aumentado de los órganos electorales. IFE y Trife pueden determinar que han violado la ley; hasta harían perder, en su caso, el registro de los candidatos violadores de esta extraña legalidad: la ley es ley porque es ley.

Sólo una ventaja contradictoria tendrá este paso en falso. Apagar la aureola salvadora de la democracia y ajustarla rigurosamente a su estricta forma política. Los que así lo decidan, el 1 de julio harán fila frente a la casilla electoral.