Economista, experto en administración pública y cuestiones fiscales, Arturo Núñez forma parte de una élite de prosapia: es uno de los cinco mexicanos que más sabe sobre los vericuetos de la legislación electoral.

Y cómo no. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el primer Director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En ese entonces, panistas y perredistas aún reclamaban por la caída del sistema, el IFE no existía y además de los movimientos en defensa de la legalidad, afloraba la industria de la reclamación que produjo liderazgos sociales como Andrés Manuel López Obrador, en Tabasco.

Entre el salinismo y el zedillismo, Núñez Jiménez ocupó la Subsecretaría de Gobernación, que fungió de árbitro entre el PRI y la oposición para pactar las nuevas reglas de la competencia electoral. Además de los consejeros electorales, se formuló el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Participaron también los panistas Carlos Castillo Peraza y Felipe Calderón Hinojosa; los perredistas López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo y los priístas Santiago Oñate y José Luis Lamadrid.

Después hizo una brillante carrera legislativa. Todavía era priísta cuando presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en 1997. Pero en el 2004, hastiado de la prepotencia madracista y de la imposibilidad de democratizar al PRI, renunció a su militancia de 35 años.

En el 2006 llegó al Senado de la República, cobijado por el PRD, y desde entonces comenzó a construir lo que el PRI nunca le permitió y que es su sueño más ansiado: ser candidato al gobierno de su natal Tabasco.

Núñez Jiménez ahora tiene 64 años, una impecable hoja de servicios como servidor público y la satisfacción de haber construido -primero en la Segob, luego en el IFE (donde fue Secretario Ejecutivo) y finalmente como legislador- los fundamentos de la legislación electoral vigente. Lo paradójico es que le ha tocado padecer sus (pocas) bondades y sus (grandes) defectos.

Desde hace seis meses, ha padecido el acoso de los consejeros de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) y en particular, del secretario ejecutivo, Armando Xavier Maldonado Acosta, quien pareciera haberse propuesto anular la postulación del legislador perredista.

Es cierto: con el aval de López Obrador, el economista tabasqueño comenzó un fino trabajo político para solidificar una base social que respaldara sus aspiraciones. A mediados del 2010 inició una gira estatal abanderando diversas causas sociales, como los reclamos de comunidades y ciudadanos afectados por las inundaciones provocadas por la mala gestión del problema hídrico de Tabasco desde el 2007 a la fecha.

Aun antes, su esposa, Marta Lilia López Aguilera, había activado la asociación civil Patan Pukú para realizar tareas de gestoría social y atención a comunidades desprotegidas en Villahermosa.

Con eso, los representantes del PRI en el IEPCT acusaron a Núñez por supuestos actos anticipados de campaña. Y el Secretario Ejecutivo del organismo procedió a instruir sendos procedimientos especiales sancionadores, a los que añadió una queja presentada por los priístas, con motivo del informe legislativo del Senador perredista.

De esta última queja, de manera oficiosa, el Secretario Ejecutivo desprendió dos procedimientos sancionadores más; uno que canalizó ante el IFE por supuestas irregularidades en la contratación de spots para difundir su informe legislativo, que se turnó al Consejo General del IFE.

A este cuarteto de expedientes debe sumarse otras tres nuevas quejas -todas, tramitadas por el PRI- por las encuestas levantadas por los partidos que integran el Movimiento Progresista, para determinar a su candidato a la gubernatura y por una gira realizada a finales del 2011 en Tabasco por Andrés Manuel López Obrador. En ese caso, el pecado de Núñez Jiménez fue haberse apersonado en esos mítines.

Lo normal es que se acumulen más quejas contra el candidato mejor posicionado a la gubernatura de Tabasco. Lo irregular es que la autoridad electoral sea copartícipe del intento de descalificar a Arturo Núñez.

EFECTOS SECUNDARIOS

REPORTE. Hace dos semanas, el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a una delegación de congresistas de Estados Unidos. Recién se conocen los detalles de ese encuentro, gracias al informe que entregaron en el Capitolio. La reunión, dice, giró en torno de temas claves en la relación bilateral, desde el crecimiento económico hasta los desafíos de la seguridad. Calderón reiteró su mensaje para continuar la profunda cooperación bilateral sobre la base de una ‘responsabilidad compartida’. Los miembros de la delegación reconocieron la importancia de México como el segundo más grande exportador para el mercado estadounidense de bienes y el tercer socio comercial más grande para ventas totales .

DESCARTES. Son mínimas las posibilidades de que Benjamín Guillermo Hill Mayoral, jefe de la Unidad de Evaluación de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, sea propuesto por el Ejecutivo federal para ocupar el asiento vacante en el Instituto Federal de Acceso a la Información. Algunas consultas informales realizadas por altos funcionarios de Los Pinos entre los senadores dieron cuenta de un ambiente adverso a esa postulación.

Hasta ahora, quien genera mayores consensos es el abogado Ricardo Salgado, exdirector jurídico de la SEP y actual encargado de la representación legal del IFAI. Alguien de casa, involucrado en la reglamentación de la nueva ley de datos personales.