El instituto es víctima de prácticas perversas desde su fundación en 1960. Ha tenido un manejo profundamente discrecional, sin apego a normas, procedimientos ni leyes.

La semana pasada, el director de Normatividad, Administración y Finanzas dio un panorama crítico sobre la situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): actualmente sus pasivos ascienden a cerca de 19,000 millones de pesos, pero sólo en el 2018 éstos se incrementaron en alrededor de 10,000 millones de pesos . Manifestó que el déficit de operación actual asciende a 22,000 millones de pesos y que, si no se consiguen esos recursos para tapar ese “boquete financiero”, el instituto tendría serios problemas para seguir operando tan pronto como el próximo julio. Ello causó alarma en el millón y medio de pensionados que atiende. Como principales causas destacó lo que ya ha sido conocido por años, pero que ni los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni los del Partido Acción Nacional quisieron enfrentar: una corrupción rampante. Asimismo, muchos estados tienen adeudos tan importantes que simplemente no le pagan al instituto.

El ISSSTE es víctima de prácticas perversas desde su fundación en 1960: desviaciones de fondos para todo tipo de usos ilegales, tales como campañas políticas, derroches por parte de funcionarios, enriquecimientos personales, contubernios con empresarios, etcétera. Ha tenido un manejo profundamente discrecional, sin apego a normas, procedimientos ni leyes. Está sujeto a una muy débil rendición de cuentas, donde ni el Congreso ni las secretarías de Hacienda y Salud se preocuparon por esa exigencia. Todo ello impacta en un servicio deficiente.

La operación del ISSSTE debería atender con eficacia a sus más de 13 millones de derechohabientes (entre activos, familiares y pensionados). La corrupción enraizada por años se ha manifestado en la complicidad entre funcionarios y sector privado para la extracción de rentas, estableciendo sobreprecios en la adquisición de medicamentos e insumos, adjudicaciones turbias de contratos de construcción de clínicas y de suministros, compras de equipos médicos obsoletos, simulaciones de proveeduría, y así sucesivamente. Basta con imaginar, por ejemplo, lo que una empresa surtidora de jeringas puede ganar con un contrato exclusivo donde se acuerda ilegalmente un sobreprecio.

El actual director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, por cierto, militante activo del PRI, conoce bien la problemática financiera, pues se desempeñó entre el 2012 y el 2015 como director de Finanzas. Recientemente mencionó que se podrían utilizar los más de 100,000 millones de pesos de reservas que tiene el instituto para tapar el boquete. Ojalá esto no se autorice, pues las reservas no son para financiar gastos operativos. Habrá que buscar otras acciones de saneamiento financiero.

En vista de la situación crítica, que es compartida por todas las instituciones del sector salud (Instituto Mexicano del Seguro Social, los sistemas de la Secretaría de Salud, los estatales, el de Petróleos Mexicanos y el de las secretarías de Marina y Defensa), debería evaluarse si la universalización de los servicios de salud pudiera ser una solución. Pero antes debe combatirse —qué más— la corrupción en el sector.

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