Hace dos semanas escribí en este espacio sobre lo que bien puede calificarse como el bochorno regulatorio en el que recientemente incurrió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando aprobó las ofertas de referencia del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, Telmex y Telcel. Ahí cuestioné el hecho de que el pleno del IFT no se hubiera tomado la molestia de revisar las mejores prácticas internacionales.

En esa oportunidad destaqué el hecho de que esas ofertas no incluyeran tarifas, contrario a lo que cualquier oferta de referencia debería incluir, pues el propósito de estos instrumentos es minimizar las disputas entre operadores en el sector telecomunicaciones, aquí y en China, como coloquialmente se dice. En aquella ocasión, por razones de espacio, no entré a detalles también de enorme importancia, como el clausulado de esas ofertas.

Pues bien, resulta que el pleno del IFT no sólo no se tomó la molestia de revisar las mejores prácticas internacionales, sino que ni siquiera tuvo cuidado de revisar que estas ofertas de referencia no resultaran en un menoscabo frente a los avances que, al menos en el tema de los enlaces dedicados, sí tuvo la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Me refiero de manera concreta al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2012, mediante el cual la Cofetel estableció obligaciones específicas a los concesionarios con poder sustancial en los mercados mayoristas de servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia nacional, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia internacional y servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de interconexión (léase Telmex).

Al comparar ambos instrumentos se lleva uno la desagradable sorpresa de que lo resuelto por el IFT en este año es más generoso con el preponderante, o más laxo, que lo que la Cofetel resolvió en el 2012. La cuestión se agrava si tomamos en cuenta las circunstancias de fortaleza institucional bajo las que cada una de estas autoridades adoptó su decisión. Resulta que el IFT, con una fortaleza que jamás soñó tener la Cofetel, nos entrega un instrumento regulatorio de mucho menor utilidad para promover mejores condiciones de competencia en el sector telecomunicaciones, tal como es su mandato, que el que emitió la Cofetel.

A continuación, un ejemplo directo de lo que afirmo arriba. La obligación sexta del acuerdo de la Cofetel dice en su párrafo tercero que el plazo de entrega de enlaces dedicados se computará desde el día que el concesionario solicitante haga la solicitud de los enlaces.

Por su parte, la cláusula 2.5 de la oferta de referencia de Telmex para el caso de los enlaces dedicados establece que las solicitudes serán válidas y exigibles en el momento que Telmex entregue el número de referencia asociado a cada servicio, lo cual sucederá en un plazo máximo de dos días hábiles posteriores a la recepción de las solicitudes .

Tomando en cuenta que los plazos de entrega no se modifican en la oferta de referencia del 2014 respecto de los que preveía el acuerdo de la Cofetel, resulta que el preponderante ganó dos días hábiles. Así como éste, hay otros ejemplos.

Esta decisión del IFT abona a la estrategia del preponderante de retrasar las cosas, en perjuicio de la competencia. Que no se sorprenda el IFT si al cierre del 2015 ningún operador optó por aceptar las ofertas de referencia. Se comprobaría el bochorno regulatorio.

Lo anterior refuerza mi duda respecto de si el IFT tiene claro cuál es su papel en este nuevo entorno. Con otras decisiones recientes, me inclino a pensar que no.

*El autor es senador de la República.