(Parte III)

En la primera parte de esta serie describí la formación de tres imperios: España, Inglaterra y Holanda en los siglos XVI, XVII y XVIII, concluyendo que sus grandes diferencias en cuanto al crecimiento económico se explican por la calidad de sus instituciones y la presencia o ausencia de contrapesos.

En la segunda parte de esta serie, analicé el caso de Polonia y Hungría, cuya característica en común es el haber sido gobernados de manera autoritaria por varios siglos, lo que impidió la formación de instituciones incluyentes, que son las que funcionan como contrapesos para apoyar la movilidad social, brindar certidumbre a la inversión, respetar los derechos de propiedad y cuidar la libertad de prensa. Esta carencia de instituciones incluyentes inhibe los incentivos que permiten a los países lograr un crecimiento sostenido.

En un claro contraste con los países de Europa Oriental, revisemos el caso de Estados Unidos, donde los contrapesos sí han funcionado, aunque no siempre de manera uniforme y rápida. El contraste entre regiones es dramático. Mientras los estados del norte desarrollaron instituciones que favorecieron la creación de la industria y el fortalecimiento de la competencia, los estados del sur no pasaron de ser una economía rural. Aun cuando después de la Guerra Civil (1861-1865) se abolió la esclavitud, las leyes segregacionistas en el sur continuaron ante la presión de los terratenientes que apoyaban a movimientos racistas y criminales como el Ku Klux Klan. Adicionalmente, la necesidad de obtener votos de los estados del sur por parte del candidato presidencial Rutherford Hayes para ganar la elección en 1877, permitió que se mantuvieran las diferencias sociales entre blancos y negros, limitando la movilidad laboral de estos últimos. La falta de contrapesos aseguró el trabajo barato para las plantaciones de algodón, pero provocó que los estados sureños entraran al siglo XX como una sociedad sin industria, ni infraestructura, quedando como una zona notablemente más pobre que el resto de Estados Unidos.

Esta situación empezó a cambiar apenas en la década de los 50, cuando Rosa Parks, una mujer negra de Montgomery, Alabama, se negó a ceder su lugar en el autobús a un pasajero blanco. Este hecho detonó un boicot masivo de la población negra contra el sistema de transporte público del estado de Alabama. Este boicot, organizado por Martin Luther King, líder del movimiento afroamericano de los Derechos Civiles, desató un proceso que llevó a la Suprema Corte de Justicia a decretar que las leyes de segregación en los autobuses del estado de Alabama eran inconstitucionales. Un año después, la Suprema Corte de Justicia prohibió la segregación racial en las escuelas públicas. Los contrapesos institucionales finalmente funcionaron en el sur de Estados Unidos, pero casi un siglo después de la Guerra Civil.

A diferencia de la región sur, los estados del norte tuvieron un crecimiento acelerado, donde la construcción de vías de ferrocarril jugó un papel importante en la industrialización de Estados Unidos. El desarrollo acelerado en la última década del siglo XIX dio pie a la formación de monopolios en diversas industrias como el petróleo, los ferrocarriles y el acero. Esta situación puso a prueba el sistema de contrapesos institucional.

La existencia de los mercados puede no ser suficiente para que se dé una competencia sana, ya que éstos pueden estar dominados por algunas empresas con poder monopólico que impiden la entrada de competidores más eficientes y frenan el acceso a nuevas tecnologías. Por esta razón, se requiere de contrapesos institucionales que fomenten la competencia. La Ley Antimonopolios (Sherman Antitrust Act) promulgada en 1890 fue el contrapeso que se necesitaba. Esta ley fue aplicada por los presidentes Theodore Roosevelt en 1902 y William Taft en 1911, para dividir los grandes consorcios y así, fortalecer la competencia. Estas acciones muestran que las instituciones funcionaron, lo que permitió que el espíritu empresarial y la innovación se desarrollaran, convirtiendo a Estados Unidos en la gran potencia mundial del siglo XX.

La Gran Depresión fue otra dura prueba para el sistema de contrapesos en Estados Unidos. El admirado presidente Franklin D. Roosevelt lanzó en 1933 el “New Deal”; una serie de políticas que buscaban reducir el elevado nivel de desempleo. El contar con la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado le permitió que muchas de estas medidas fueran aprobadas. Sin embargo, varias de sus iniciativas fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, quien determinó que el “National Industrial Recovery Act” (NIRA), una de las principales herramientas del “New Deal”, era inconstitucional, ya que le daba al presidente Roosevelt una discrecionalidad ilimitada para imponer las leyes que el juzgara necesarias para la recuperación económica. En palabras del juez Louis Brandeis: “Díganle al presidente que no vamos a permitir que este gobierno centralice todo“.

Roosevelt afirmaba que tenía el mandato popular del electorado para hacer los cambios y presionó tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, pero los jueces, los congresistas y los senadores entendieron que si el presidente quebrantaba la independencia del sistema judicial, se dañaría el equilibrio de poderes. Las instituciones funcionaron como un balance para evitar un excesivo poder presidencial.

Hasta la fecha, hay un debate acerca de la efectividad de las políticas del New Deal, como señala Amitty Schlaes en su libro The Forgotten Man, las distorsiones causadas por el “New Deal”, más que acelerar, retrasaron la salida de Estados Unidos de la Gran Depresión. Podríamos discutir si la aplicación de contrapesos institucionales al poder presidencial fue beneficioso o no para que la economía estadounidense saliera de su ciclo recesivo, pero donde no hay duda es en que estos contrapesos evitaron el debilitamiento de la democracia norteamericana y reforzaron el balance del poder, lo que fue favorable para el crecimiento en el mediano plazo.

Es importante reconocer que el propio Roosevelt fue finalmente respetuoso de las instituciones, ya que podía haber apelado a una situación de crisis nacional, argumentando que el Congreso le impedía tomar las medidas necesarias para combatir la Gran Depresión, pudiendo incluso, cerrar el Congreso con el apoyo de la Guardia Nacional, pero no lo hizo. Cabe la pregunta siguiente: ¿los contrapesos que han funcionado en Estados Unidos y por tantos años pueden funcionar en la situación actual, con gobernantes que desprecian las instituciones?

Una comparación interesante con Estados Unidos es la del Peronismo en Argentina, país que era una potencia mundial a principios del siglo XX, que entró en un círculo vicioso de inflación, devaluación, falta de crecimiento y desempleo. Como señala Luis Rubio en su artículo “¿Argentina en el horizonte?”: “hay muchas hipótesis sobre las causas del declive, pero una evidente ha sido la polarización”. Yo añado otra: el desprecio por las instituciones. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia se creó con la Constitución de 1853, esta institución fue despreciada y vapuleada por los diferentes gobiernos. Cuando Perón tomó el poder en 1946, logró que los diputados de su partido (el Partido Justicialista) destituyeran a tres miembros de la Suprema Corte que se habían opuesto a una de sus iniciativas, lo que le permitió manejar a su antojo el Poder Judicial, eliminando cualquier restricción al poder presidencial.

En 1983, después de años de golpes militares, se dio por primera vez una transición hacia un gobierno electo democráticamente. El presidente Raúl Alfonsín del Partido Radical, nombró a los miembros de la nueva Suprema Corte de Justicia, lo que era muy lógico ante el regreso de su país a la vida democrática. Sin embargo, cuando el Peronismo volvió por la vía del voto en 1990 con Raúl Menem como presidente, uno de sus primeros actos fue nombrar una nueva Suprema Corte, un hecho totalmente innecesario en una transición democrática.

El Peronismo no tuvo ningún respeto por la propiedad privada como lo demostró con “El Corralito” en 2001-2002, cuando el gobierno de Menem obligó a convertir los depósitos en dólares a pesos al tipo de cambio anterior a la devaluación del peso argentino, expropiando tres cuartas partes de los ahorros de la gente (similar a lo que hizo Lopez Portillo en México con las cuentas en dólares en bancos mexicanos en 1982). De la misma manera, el gobierno peronista de Cristina Kirchner expropió los Fondos de Pensiones en el 2008. Estos hechos significaron un regreso al círculo vicioso causado por el desprecio por las instituciones, tema que sin duda ha afectado al crecimiento en Argentina.

Ginsburg y Azis en el libro Como salvar una democracia constitucional consideran que “una democracia sana descansa en tres pilares: elecciones libres y justas, libertad de expresión y de asociación y la independencia de las instituciones”. Argumentan que “uno de los baluartes contra la concentración de poder es el servicio civil autónomo y las agencias gubernamentales, cuya experiencia independiente es crucial para la fortaleza democrática”.

En nuestro país corremos el riesgo de destruir instituciones valiosas al descalificar a organismos autónomos creados en las últimas décadas, instituciones que sirven para establecer contrapesos al Poder Ejecutivo. Nuestras tradiciones y legados no nos ayudan mucho. El virreinato, con la Encomienda, una de las instituciones menos incluyentes en la historia, las luchas internas en el siglo XIX, los Imperios de Iturbide y Maximiliano, la gran dependencia de Santa Ana, el gobierno de Porfirio Díaz y casi 90 años de ser gobernados por un solo partido, son una muestra de la falta de instituciones incluyentes que funcionen como contrapeso.

La experiencia de España en los siglos XV a XVII, de Polonia, Hungría y de Argentina en el siglo XX y en la actualidad muestra la importancia de contar con instituciones autónomas e incluyentes. Estos contrapesos son necesarios para lograr un crecimiento económico sostenido. Tal vez lo que marca la diferencia entre un político y un estadista es el respeto por las instituciones.