Durante el 2020 era común escuchar comentarios en torno al deseo, e incluso urgencia, de que finalizara el año. Ello atendía a los efectos nocivos generados por la Covid-19, los cuales, desafortunadamente no desaparecieron con la llegada del 2021. A pesar de que los problemas generados son de diversa índole, los más graves siguen estando relacionados con la salud y la economía.

Recientemente el Banco Mundial señaló que, de todas las recesiones desde 1990, la provocada por la pandemia ha generado las caídas más pronunciadas en los pronósticos de crecimiento económico a nivel mundial. Desafortunadamente, frente a este escenario México no es la excepción.

Es común que las contracciones económicas afecten negativamente la recaudación tributaria y esta a su vez al gasto público. En este contexto, voces expertas se han manifestado a favor de realizar cambios en la política fiscal mexicana para garantizar que se atiendan adecuadamente las necesidades en materia de salud, además de todos los otros problemas que en el país se han venido agravando: pobreza, inseguridad, violencia, desempleo, entre otros.

Las opciones, o “armamento” con el que cuenta el gobierno en materia fiscal es amplio. Aquí la dificultad radica en elegir los elementos más adecuados que garanticen un aumento en la recaudación, al tiempo que se reduzcan las distorsiones y afectaciones. En este sentido, uno de los factores más importantes se relaciona con el nivel de las tasas de los principales impuestos. En México contamos con una tasa máxima de personas físicas de 35% desde el 2014; y una tasa de personas morales e IVA con niveles del 30% y 16%, respectivamente, desde el 2010. Para poner dichas tasas en perspectiva, la tasa máxima de personas físicas de México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE (41.5%), mientras que la tasa de personas morales se encuentra por arriba (21.7%). Contrariamente, en lo que respecta al IVA, la tasa de México está por debajo del promedio de los países miembros de dicho organismo internacional (19.3%).

Aun cuando el comparativo internacional de tasas puede brindar una idea sobre qué tanta flexibilidad tiene un país para realizar modificaciones, también es cierto que el análisis queda incompleto si la comparación no considera, entre otras cosas, la amplitud de la base de cada impuesto. Es decir, si no se identifica el número de gastos fiscales/tratamientos preferenciales por cada gravamen y se cuantifican los recursos que deja de ingresar el gobierno por su otorgamiento. En el caso de México, conforme a datos del Presupuesto de Gastos Fiscales para 2020 se estima que la pérdida recaudatoria total para dicho año fue de aproximadamente 3.7% del PIB. Ello nos llevaría a pensar que, en caso de ser necesario, habría cierto margen de maniobra en la eliminación, rediseño o focalización de los mismos, antes de pensar en una alteración de las tasas impositivas.

Asimismo, algunos factores de la administración tributaria pueden afectar la recaudación. Uno de ellos es el presupuesto con el que cuenta el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para operar. Desde 2015, dicho presupuesto ha tenido una tendencia a la baja, pasando de alrededor de 17,486 mdp en ese año, a 12,007 mdp para el 2021 (reducción del 31%). Anteriormente, el presupuesto del SAT se complementaba de forma paralela mediante dos fideicomisos: el del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA) y el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). La importancia de los fideicomisos era tal, que en 2017 el SAT obtuvo más recursos por este medio que a través de su presupuesto aprobado. La mala noticia es que a finales del año pasado se eliminó el FIDEMICA, lo que impactará negativamente al presupuesto de la instancia, comprometiendo posiblemente su tarea de fiscalización.

Otro elemento que preocupa es la reducción que se ha venido dando en el personal del SAT, pues en 2015 se contaba con 37,400 empleados y para 2020 ya solo había 32,469 (disminución del 13%). No queda claro si la disminución obedece al recorte del presupuesto o bien a un aumento de la “eficiencia” del personal. Por otra parte, aun cuando desde 2010 el número de contribuyentes activos en el Registro Federal de Causantes (RFC) ha venido aumentando, el crecimiento desde 2017 es cada vez menor.

Los elementos fiscales aquí analizados dejan ver que existe un espacio para revisar los gastos fiscales antes de modificar los niveles de tasas. De igual forma, inquieta la reducción en el presupuesto del SAT, la disminución en el número de sus empleados, así como la desaceleración en el crecimiento de contribuyentes activos en el RFC. El efecto de los tres elementos antes mencionados pudiera afectar sensiblemente la recaudación fiscal y, por ende, los recursos disponibles para atender las prioridades de gasto. Tanto el aumento de los impuestos, como la reducción de beneficios fiscales, son medidas poco populares y es de esperarse que el desagrado aumente en un contexto como el que vivimos. No obstante, de nada serviría que hiciéramos un esfuerzo adicional para aumentar los ingresos y enfrentar de mejor forma el 2021, si los resultados derivados del ejercicio del gasto continúan estando fuera de la mirada de los contribuyentes.

*La autora es directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Liliana Alvarado

Directora General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Columna invitada

Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración (London School of Economics). Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde adquirió una amplia experiencia en política fiscal y se especializó en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar en el Área de Presupuestos Públicos, en transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. En Ethos ha coordinado trabajos en materia de finanzas públicas, pobreza, seguridad pública y anticorrupción.

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