Este fin de semana se llevará a cabo la marcha del orgullo gay que, en su versión actual, sirve para la convivencia y expresión de la diversidad sexual y de quienes apoyamos la agenda de políticas de inclusión. Es ya una tradición de la capital. Por cierto, en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, tenemos una exposición, curada por la UAM, de los carteles que se han utilizado, desde los años 60, para publicitar la marcha y otros eventos del tema de diversidad sexual en años de gran adversidad. Hasta hace muy poco, eran manifestaciones de resistencia.

A propósito de la marcha, me parece necesario retomar el debate que inició Genaro Lozano, del Reforma, sobre que los apoyos que recibe la marcha y la comunidad no son suficientes. Hoy al menos en la capital, las expresiones de simpatía son comunes, pero la desigualdad persiste, aquí y en todo el país. Se requiere de políticas concretas, por parte de instituciones públicas y privadas, para lograr que la preferencia o identidad sexual no sean un factor de desigualdad para las personas e incluso un riesgo para su integridad. La principal discriminación en contra de la comunidad LGBTTTI tiene que ver con la violencia. De acuerdo con la organización Letra Ese, durante el sexenio anterior, al menos 473 personas fueron asesinadas por su orientación sexual. Una encuesta de la CNDH y la Conapred muestra que alrededor de la mitad de las personas de la comunidad señala haber sido objeto de violencia. Pero también existe la dimensión laboral. En esa misma encuesta se muestra que seis de cada 10 entrevistados afirman que su orientación ha sido un obstáculo laboral y 25% sufre maltrato laboral. La discriminación laboral por motivo de la homofobia cuesta, de acuerdo con el Banco Mundial, alrededor de 1.7% del PIB, pues se desperdicia talento y capital humano, lo que afecta la competitividad de las organizaciones, ya que pierden la oportunidad de contratar al personal adecuado. Distintos estudios, como los que muestran Regina Portilla y Melina A. Ramírez, en Animal Político, establecen que las poblaciones LGbTTTI tienen más probabilidad de abandonar su formación profesional, debido al ambiente adverso que enfrentan en las instituciones educativas. Eso podría significar una pérdida de ingreso permanente de alrededor de 4,600 pesos al mes, frente a los que continuaron sus estudios.

Por todo esto, desde las organizaciones tenemos que hacer más para reducir la brecha de desigualdad. Se requiere construir ambientes laborales inclusivos, capacitar a funcionarios públicos y directivos de empresas en la materia, establecer mecanismos de apoyo y denuncia en todos los ámbitos, compartir y replicar las mejores prácticas, establecer mecanismos para detectar y corregir problemas de discriminación, impulsar actividades culturales que visibilicen la población LGBTTTI y establecer políticas en las instituciones educativas. La marcha es importante, lo es más consolidar políticas que erradiquen la desigualdad para la diversidad sexual. Ahora, la vara para medir el apoyo a la comunidad LGBTTTI debe ser más alta.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.