La figura jurídica del amparo ha dado mucho prestigio al Derecho mexicano y todavía más importante: ha sido un instrumento legal de gran utilidad para proteger los derechos de los particulares. El problema es que dicha figura se ha utilizado en forma tramposa para alargar innecesariamente los juicios causando daño a segmentos amplios de la sociedad.

La reforma aprobada el martes en la Cámara de Diputados se refiere en particular a casos identificados con claridad. Primero, el caso de amparos interpuestos por giros negros ante órdenes de clausura expedidas por las autoridades competentes. Segundo, en la eventualidad de que se disponga la intervención administrativa de bancos comerciales en mala situación económica. Y, tercero, respecto de la explotación de concesiones de operación expedidas por el Estado en sectores como transporte público, autopistas, gas, minas y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico. En todos los casos mencionados hay importantes implicaciones económicas que cabe analizar. Por ejemplo, incluso un giro negro que enfrenta una orden de clausura origina una derrama económica benéfica en la forma de salarios, impuestos y pago a proveedores. Aunque los bancos comerciales ya no operan mediante concesión, de cualquier manera resulta inaceptable la posibilidad de que una intervención gerencial pudiera ser bloqueada mediante el recurso a la suspensión provisional ante un juicio de amparo. Sin embargo, la controvertida reforma aprobada hace unos días parece tener un destinatario especial: las empresas de telecomunicaciones que funcionan por virtud de concesiones que expide la autoridad.

El recurso al amparo utilizado por esos operadores ha planteado grandes dificultades a las medidas de las autoridades orientadas a promover la competencia en el sector. Merecen atención en particular las políticas de interconexión a través de la cual pueden ingresar a ofrecer los servicios de telecomunicación nuevos operadores. En general, no es tanto que los procesos de amparo puedan alterar o desvirtuar las decisiones regulatorias de las autoridades, sino que dan lugar a demoras considerables con una repercusión enorme sobre el bienestar de los consumidores. En casos extremos, incluso los tribunales pueden llegar a decisiones que corresponden en el fondo a los reguladores y a la aplicación de la regulación.

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