En vísperas del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, el gobierno peñista se adhirió al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), el tratado internacional que conectará a 12 economías de esta región y consolidará la zona de libre comercio más grande del mundo. Su entrada en vigor contempla una variedad de temáticas, así como el imperio de una serie de regulaciones en áreas tales como propiedad intelectual, anticorrupción, trabajo, economía digital, finanzas y medio ambiente.

Las implicaciones, en términos de propiedad intelectual y de libertad en Internet, han generado advertencias y preocupaciones en un amplio sector de expertos enfocados a la defensa de la privacidad y el derecho a la información.

Y es que con la entrada en vigor del TPP, los derechos individuales de libertad de expresión, innovación y creatividad están en riesgo, pues los países que firmaron el acuerdo comercial han quedado incapacitados para tomar una decisión soberana en la formulación de políticas públicas y en instrumentos legislativos en materia de propiedad intelectual.

Las señales de alerta surgen luego de examinar la sección denominada mal uso de secretos comerciales , donde la ambigüedad de la redacción termina por imponer limitantes a la libertad de expresión y pone en peligro la labor periodística. Pero también, porque las definiciones y los reglamentos que norman los derechos de autor ya no serán los que conocemos, que se ampliarían a 70 años después de la muerte del autor, lo que podría extender la protección a más de 130 años. Bien por los autores, pero los expertos consideran que estas barreras a la información obstaculizarían la capacidad de la gente para innovar. Y que en algunos países causaría un efecto de estancamiento, en términos culturales.

Los proveedores de servicios de Internet podrían hacerse responsable de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual y esto probablemente conducirá a una mayor censura en Internet. Los usuarios podrían ser sancionados con multas exorbitantes o incluso encarcelados por el simple intercambio de archivos. Y sus propiedades y dominios podrían ser incautados, incluso sin una queja formal por parte del titular de los derechos de autor, en caso de sospechas por piratería o abuso de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Y el colmo: el nuevo derecho de autor consideraría ilegal la utilización de ciertos sistemas de doblaje y subtítulos para personas con necesidades especiales, y también podría generar problemas de accesibilidad para los usuarios de Internet con discapacidad.

Los expertos también se han quejado porque los negociadores del TPP marginaron a representantes de la sociedad civil e incluso a funcionarios de organismos internacionales en la definición del acuerdo, mientras que las grandes corporaciones fueron convocados a los debates e hicieron escuchar su voz.

Para exorcizar esas críticas en el contexto local, hace dos meses, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado tomaron la decisión de convocar a un ciclo de audiencias, sobre el TPP. El pasado 10 de diciembre, el presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth, llevó al pleno la propuesta para convocar a las audiencias, a las que serán llamadas representantes organizaciones empresariales y sindicales, académicos, investigadores públicos y privados, así como funcionarios estatales y diputados locales, para exponer sus opiniones y argumentos técnicos sobre el impacto de la implementación del acuerdo.

Esa consulta pública se realizará en dos etapas. Una fase previa , cuya organización quedó a cargo de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barrón, para discutir sobre los capítulos del TPP, que ya fueron divulgados.

El acuerdo de los senadores puntualiza que los integrantes de las 10 comisiones que se involucrarían en la dictaminación del acuerdo que debe ser ratificado por la Cámara Alta podrán requerir información o documentación que juzguen necesaria a las instancias gubernamentales.

Y estipulan que podrán citar a las audiencias y reuniones de trabajo a los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal que intervinieron en la negociación de tan importante documento.

Queremos que sea un proceso inédito, ejemplar y transparente , insistió la representante panista, quien enfatizó la intención del Legislativo de cumplir con la demanda ciudadana de debatir cuanto antes sobre los contenidos del acuerdo.

Los medios, modalidades y condiciones por los que se aceptarán escritos de todo aquel que desee emitir una opinión sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Estos escritos deberán estar disponibles en todo momento .

Las audiencias públicas podrán ser convocadas, de manera conjunta o separada. En breve, Cuevas Barrón presentará a sus colegas una propuesta de calendario y agenda para las audiencias públicas, así como su número y metodología.

En cumplimiento del principio de máxima transparencia, las audiencias serán transmitidas en el Canal del Congreso. Las grabaciones de las audiencias y las ponencias de los expositores deberán estar disponibles en un micrositio, dentro de la página web del Senado.

La segunda etapa arrancaría cuando el Ejecutivo federal turne al Senado y formalmente inicie el proceso de dictaminación.

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