Los intentos por modificar el título de concesión de Telmex deben incluir al Price Cap para que sea una herramienta eficiente en un mercado con competencia incipiente.

Es absurdo que el sistema de precios tope controle los precios de un mercado que tiende a desaparecer, como el de la larga distancia, y no imponga ningún control tarifario en servicios con altas tasas de crecimiento, como el de banda ancha.

La posibilidad de modificar el título de concesión de Teléfonos de México (Telmex) con el fin de que pueda ofrecer servicios de televisión representa una oportunidad histórica para hacer una revisión integral a dicho documento y convertirlo en una verdadera herramienta que permita controlar la dominancia que este operador tiene en los mercados de telefonía fija, móvil y en el segmento de banda ancha.

Uno de los aspectos que debe modificarse a la brevedad es el Price Cap o sistema de precios tope, mecanismo que permite a las autoridades regulatorias y al operador establecer las tarifas que cobrarán a los usuarios de la llamada canasta de servicios básicos (servicio local residencia, servicio local comercial, larga distancia nacional y larga distancia internacional).

Este mecanismo de control tarifario se incluyó en el título de concesión de Telmex en 1990 con el objetivo de propiciar una expansión eficiente de la red pública telefónica, proveer las bases para una sana competencia y eliminar los subsidios cruzados en los servicios. Hoy, 22 años después, las condiciones que operan en el mercado son diametralmente distintas.

Así, el Price Cap enfrenta hoy dos grandes problemas; el primero es que fija los precios para una canasta de servicios con la que Telmex puede jugar: el operador puede subir el precio en un servicio y bajarlo en otro. Y, mientras el balance entre estos dos servicios sea igual o menor al impuesto por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la empresa cumple con los precios tope.

Es decir, el Price Cap representa un techo para topar las tarifas y no un piso que indique desde dónde deberían partir y éste es el problema que existe con los operadores dominantes: tienen incentivos para vender determinados servicios por debajo del costo, lo que les permite desplazar a la competencia y, posteriormente, vuelven a incrementar las tarifas. El Price Cap no regula esta situación y, de hecho, la permite, precisamente, porque fue creado para regular un monopolio.

El segundo problema del Price Cap es que los servicios que conforman la canasta básica, si bien son vigentes, han comenzado a perder relevancia y no se incluyen servicios que son el futuro de la industria, como es el caso de la banda ancha, que tiene un crecimiento exponencial. Un ejemplo de esto es que, cada vez un mayor número de personas desplaza el uso de la línea telefónica para hacer llamadas de larga distancia y prefiere hacerlas por servicios de voz sobre Internet.

Los intentos por modificar el título de concesión de Telmex deben incluir al Price Cap para que sea una herramienta eficiente en un mercado con competencia incipiente; es absurdo que el sistema de precios tope controle los precios de un mercado que tiende a desaparecer, como el de la larga distancia, y no imponga ningún control tarifario en servicios con altas tasas de crecimiento como el de banda ancha.

Las condiciones que imperaban en 1990 para establecer el Price Cap en el título de concesión de Telmex han cambiado radicalmente, pero prevalecen las razones que llevaron a imponerle la condición 1.9, en la que se establece la prohibición de ofrecer el servicio de televisión. Desde entonces, se buscaba evitar que la red del operador fuera dominante en telecomunicaciones y en el mercado de TV restringida. Y por ello, esta modificación aún debe esperar.

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