Tal parece que el último intento en la presente administración por revisar el marco normativo de nuestro sistema tributario quedó en eso, en un simple intento. La propuesta del PRI -que se sustentaba en premisas importantes, tales como generalizar el gravamen al consumo y disminuir el impacto de los impuestos al ingreso- no tuvo el cuidado técnico que esta normativa requiere y el examen a detalle de su propuesta careció de consistencia e implicaba una pérdida recaudatoria importante.

Por su parte, tal y como lo consignamos en nuestra última entrega, la decisión de elegir entre el IETU y el ISR parece que habrá de postergarse indefinidamente, pues el compromiso de dejar sólo al IETU en lugar del ISR no implica una obligación legal, sino tan sólo un compromiso de entregar un estudio para evaluar la conveniencia de dicha decisión.

En este contexto en el que no se puede descartar ninguna posibilidad de reforma fiscal, empezará la conformación en las próximas semanas del Presupuesto de Egresos para el 2012 que habrá de someter el Presidente de la República a la Cámara de Diputados en poco más de tres meses. A lo anterior habrá que sumar dos importantes ingredientes en la conformación y discusión del paquete presupuestal del año entrante, ambos de carácter meramente político.

El primero tiene que ver con las aspiraciones del Secretario de Hacienda de convertirse en candidato presidencial y el segundo -muy ligado al anterior-, con el hecho de que el 2012 es el último año de la presente administración, año en el que tendrán lugar elecciones presidenciales y de renovación del Congreso.

El primer elemento mencionado, puede llevar al extremo de tener a un equipo distinto en la Secretaría de Hacienda que conforme al proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, y a otro equipo distinto negociando su aprobación. Esto podría implicar ajustes en las carteras de Energía o de Comunicaciones y Transportes, puesto que sus titulares se perfilan como eventuales sucesores del Secretario de Hacienda si éste renuncia a su cargo el próximo septiembre.

Con independencia de que se consumen estos relevos, lo cierto es que los partidos de oposición habrán de presionar con el tema y condicionar la aprobación del Presupuesto a la asignación de mayores recursos a las entidades federativas que gobiernan el PRI y el PRD, todo ello con miras al proceso electoral que comienza en octubre de este año.

Sin embargo, debe decirse que toda esta circunstancia es contraria a lo que la prudencia aconseja en materia de finanzas públicas.

Lo peor es que el debate que se observará a nivel nacional de incrementar el gasto para el 2012, sin contar con mejores instrumentos legales de recaudación, es también un debate que ya se observa hacia el interior de la Secretaría de Hacienda, en la que el área de Egresos presiona a la área de Ingresos para obtener mayores recursos para un gasto público que ha aumentado significativamente cada año durante la presente administración.

Contrario al esquema que se está construyendo para incrementar el Presupuesto, lo que debemos observar es una reducción en el déficit público. El Estado mexicano debe hacer un esfuerzo serio y técnico para lograr un equilibrio fiscal, teniendo en cuenta que la recaudación ha crecido marginalmente muy poco y, sin duda, por debajo del ritmo del crecimiento del gasto.

Lo anterior significa que habrá que recortar gastos innecesarios que se encuentran etiquetados bajo rubros incuestionables, pero que en los hechos observamos que no cumplen con su función.

Uno de ellos es el relativo a las partidas en favor de los estados, en los que podemos leer a diario que se utilizan recursos federales para dispendio de los gobiernos locales, que van desde la compra de helicópteros para que diputados ecologistas practiquen el esquí acuático, al apoyo a estructuras sindicales ligadas a la función gubernamental y que llegan hasta el financiamiento de campañas políticas en otras entidades. El caso del Gobierno del Distrito Federal apoyando la campaña del Gobernador de Guerrero es un caso patente.

El tener alejada a la Secretaría de Hacienda de las cuestiones político-electorales era una característica fundamental de este despacho. El actual ambiente preelectoral no debe afectar las funciones institucionales que dicha dependencia tiene en la gestión financiera del Estado, las cuales exigen una reducción del gasto corriente y no un dispendio en las campañas que se avecinan.