El compromiso para incluir en la Constitución la garantía de acceso a la banda ancha significa un enorme avance, en consistencia con la declaración de la UIT.

La suscripción del Pacto por México el domingo 2 de diciembre representa un gran acierto del presidente Enrique Peña Nieto, se trata -desde mi punto de vista- del acuerdo político de mayor trascendencia en nuestro país en los últimos 30 años, por poner una referencia de tiempo. Digo que se trata de un acierto del Presidente porque resulta indudable que fue su convicción de que sólo mediante el consenso con las demás fuerzas políticas -incluyendo a mi partido, el Partido Verde Ecologista de México- se está en posibilidad de proponer y sacar adelante una serie de medidas que contribuyan a mejorar el bienestar de los mexicanos. Es un gran acierto porque reúne el compromiso de las tres fuerzas políticas mayoritarias en aspectos muy específicos organizados en cinco grandes temas: 1) sociedad de derechos y libertades; 2) crecimiento económico, empleo y competitividad; 3) seguridad y justicia; 4) transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y 5) gobernabilidad democrática.

En total, se trata de 95 compromisos cuyos horizontes de cumplimiento van desde el 2013 hasta el 2018. El avance en el cumplimiento de éstos - en combinación con la consistencia y credibilidad que tendrán las políticas económicas que, desde ya, se vislumbra que impulsará el equipo encabezado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray- abonarán el camino para que los mexicanos puedan sentir en sus bolsillos o en el presupuesto de sus hogares una mejoría permanente que, a su vez, permitirá alcanzar mejores niveles de bienestar y de desarrollo humano. De eso estoy convencido.

Por cuestiones de espacio y experiencia, por esta ocasión me referiré exclusivamente a los compromisos previstos en el tema de crecimiento económico, empleo y competitividad; en particular, a los relacionados con la radiodifusión y las telecomunicaciones, que se enumeran como los compromisos 37 a 45.

Por un lado están lo que yo denominaría compromisos por mejorar la eficacia institucional. Que tienen que ver fundamentalmente con darle mejores herramientas a los órganos reguladores, la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como mejorar la capacidad del Poder Judicial, a través de tribunales especializados, para resolver las impugnaciones en contra de las decisiones de las autoridades o disputas entre operadores.

El compromiso para incluir en la Constitución la garantía de acceso a la banda ancha significa un enorme avance, en consistencia con la declaración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que hace poco más de un año determinó que el acceso a Internet de banda ancha es un derecho humano. Hay algunos países que ya han definido a la banda ancha como un derecho, entre ellos, Finlandia en el 2010. En Brasil, existe un proyecto de reforma constitucional sobre el mismo tema que no ha avanzado.

El Pacto incluye también un compromiso para crear una instancia responsable de la agenda digital, a la que se le estableció ya un mandato que yo consideraría como un piso. Será necesario apuntalar dicha instancia para que la agenda que se construya tenga un alcance más profundo. Se trata de un avance importante.

Sin demeritar los demás compromisos, yo me atrevería a decir que la parte medular del Pacto, por lo que tiene que ver con los sectores de radio y televisión y de telecomunicaciones, se encuentra en los compromisos 43 y 44, pues, por un lado, se prevé una mayor competencia en el segmento de televisión, manteniendo el compromiso de licitar espectro para más canales de televisión, al tiempo que se prevé un mejor entorno competitivo en el segmento de telecomunicaciones (el Pacto dice expresamente telefonía y servicio de datos). En la medida en que se logren corregir las distorsiones que inhiben que exista mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones, se logrará que existan mejores precios, más calidad y mucho más mexicanos conectados a las redes públicas de telecomunicaciones. México ganará porque disminuirá sensiblemente el costo en bienestar que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estimó en cerca de 26,000 millones de dólares por año. De ese tamaño es el daño que le ocasiona a los mexicanos el no contar con un mejor marco regulatorio que impida con eficacia prácticas anticompetitivas.

Más adelante, comentaremos con más calma algunos de los demás compromisos contenidos en el Pacto por México. Por lo pronto, celebro que haya convicción en la mayoría para hacer avanzar a México en la ruta correcta.

* El autor es Senador de la República.

Twitter: @gerardofloresr