Cuando se dice que México recauda poco en proporción del PIB no es porque los impuestos en nuestro país sean bajos –en comparación con el resto de los países- sino porque sólo contribuye la mitad de su economía.

Mencionábamos en nuestra entrega anterior que se discute una reforma fiscal para financiar proyectos como el de una cobertura universal de seguridad social. Indicábamos, de igual forma, que es necesario reflejar en el presupuesto la estrategia de gobierno de la nueva administración en áreas específicas como el combate al crimen organizado al tiempo en que se diseña un nuevo esquema tributario.

Este último rubro experimentó un crecimiento notorio en la administración del presidente Calderón, llevando al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2012 a niveles de 3.7 billones de pesos cuando el PEF para el 2007 era de 2.2 billones de pesos: 1 billón de pesos más de gasto (descontando la inflación del periodo).

No olvidemos que ese incremento presupuestal significó aumentos en el IVA, en el ISR, en el impuesto al activo y en el IEPS (a los rubros de alcohol, tabaco, bebidas energizantes y servicios de telecomunicaciones), así como la introducción del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del IETU (los que elevaron sus tasas posteriormente). En otras palabras, todos los impuestos federales aumentaron y se adicionaron algunos más.

Ahora bien, la ampliación a la base del IVA, por más loable que sea (y así lo creemos), no se sostiene si no conlleva un recorte a diversos rubros del PEF. Hemos observado y comentado en este mismo espacio las alzas impositivas en el Reino Unido, España, Francia, Italia y Estados Unidos en los últimos años, incrementos que han venido acompañados –en todos esos casos- de recortes presupuestales importantes. De la muestra analizada, sólo México ha sido capaz de subir todos sus impuestos y no sólo de no recortar su presupuesto, sino de aumentarlo 50% en términos reales. Efectivamente, el gasto público subió en los últimos seis años en una mitad y casi a 100% si consideramos a las dos administraciones panistas.

Y decimos que no resulta sostenible incrementar impuestos –una vez más- no sólo porque ninguna economía que se dé a respetar lo hace sin sacrificar rubros normalmente innecesarios del presupuesto, sino porque, en el caso mexicano, el pago de contribuciones recae sólo sobre la mitad de la Población Económicamente Activa. Insistimos, cuando se dice que México recauda poco en proporción a su Producto Interno Bruto no es porque los impuestos en nuestro país sean bajos –en comparación con el resto de los países- sino porque sólo contribuye la mitad de su economía.

El PEF debe sujetarse, por tanto, a un escrupuloso análisis para eliminar gastos innecesarios. De la lectura que hagamos a los decretos que lo contienen en los últimos ejercicios fiscales, no advertimos en dónde se ubica el ahorro que implicaba el subsidio a la extinta Luz y Fuerza por cerca de 40,000 millones de pesos anualmente. Tampoco encontramos cómo se reasignaron dispendiosos gastos como los de los festejos bicentenarios que, en total, superaron los 7,000 millones de pesos (incluyendo la Estela de Luz).

Recordemos que tan sólo la fiesta en el Zócalo capitalino la noche del 15 de septiembre del 2010 tuvo el mismo costo que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que deslumbraron a miles de millones de espectadores en todo el mundo.

Los organizadores de los festejos del Bicentenario y la inauguración olímpica se jactaron, cada quien por su lado, de que sus eventos costaron exactamente la mitad de lo que erogaron los chinos al inaugurar sus Juegos Olímpicos en el 2008.

Así, mientras el mundo entero atestiguaba una extraordinaria representación sobre el impacto de la Revolución Industrial en el desarrollo de la sociedad moderna, aquí –por el mismo precio-, el respetable batallaba para atinar a quién representaba una gigantesca y burda botarga de un soldado desconocido.

Entre los rubros que deben recortarse seriamente, destaca la materia electoral. Aprovechando que podrán postularse candidaturas independientes en el 2015, debe eliminarse –como sucede en democracias avanzadas- el financiamiento público a los partidos. Así, sin más.

Estos institutos y sus campañas deberían sostenerse por sus militantes y simpatizantes, estableciendo reglas coercibles para comprobar aportaciones y topes de campaña durante las campañas. De igual modo, debe reducirse el costo brutal del IFE y del TEPJF. Tenemos a una costosísima burocracia determinando si dos gansos, un borrego y tres guajolotes aprueban la invalidez de las elecciones. La penosa escena del granjero recuento nos recordó la inauguración olímpica londinense. Bueno, casi.

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