La semana pasada dos nuevas consejeras y un consejero se sumaron al Instituto Nacional Electoral que cumple tres años de vida luego de la reforma constitucional y legal que dispuso su creación en el 2014. Este es el primer cambio tras la designación del primer equipo de 11 integrantes en esos cargos. Tres concluyeron su mandato y el 5 de abril se concretó, en tiempo y forma, esta etapa de escalonamiento colegiado prevista por la ley para el Consejo General que delibera y decide en materia comicial. La Cámara de Diputados logró amplio consenso en los nombres de Dania Ravel, Beatriz Zavala y Jaime Rivera, quienes están ya en funciones para organizar, arbitrar, debatir y decidir en favor de contiendas democráticas.

La reforma 2014 apostó por un nuevo modelo de relación entre árbitros de comicios locales y una nueva autoridad central que tiene alcances nacionales pero en temas y escenarios específicos, no en todo momento o asunto, porque el Congreso se inclinó por mantener la autonomía de los institutos locales en entidades federativas aunque otorgando algunas funciones de elecciones locales a un árbitro nacional, así como la posibilidad de que en casos que así lo justifiquen, absorber parcial o totalmente las contiendas de los estados o emitir criterios generales para homogeneizar reglas y protocolos en temas diversos.

Estamos hoy en la antesala de la primera elección presidencial que se aplicará con estas reglas. Es ya, al menos en el papel, la prueba más compleja en dimensión de cargos y contiendas locales simultáneas que enfrenta el todavía novel esquema mixto de árbitros locales que coexisten con una autoridad electoral nacional.

El INE está completo y el tren en marcha con ese esquema. Ahora mismo están en curso cuatro elecciones: en Nayarit, Coahuila, Veracruz y el Estado de México; en puerta septiembre, cuando formalmente iniciará el proceso comicial federal que renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión y caminará simultáneamente con 30 elecciones locales .

En el 2018 tendremos en todo el país 3,327 cargos electivos en disputa: un presidente de República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gobernadores incluyendo jefe de Gobierno en la capital, 984 diputaciones locales; 1,598 ayuntamientos, 16 alcaldías de la nueva CDMX, 24 Juntas Municipales en Campeche y 67 síndicos en Chihuahua.

Son hoy más de 85.1 millones de votantes en nuestro listado nominal (que podrían alcanzar hasta 89 millones) y es imperativo darles garantías para ejercer sus derechos, para que puedan acudir a las urnas que se instalarán en cerca de 155,000 casillas, en las que se van a recibir y contar votos de lo local y lo federal por primera vez en casi todo el país, dado que la reforma estableció que no siguieran instalándose urnas para elegir autoridades locales en un lado y en otro las de autoridades federales, la llamada casilla única que tiene el reto de simplificar elecciones sin atrasar la captura de información en los programas de resultados preliminares tan necesarios para la certeza el día de la jornada.

Estamos ante un paisaje de competencia política complejo, literalmente con miles de cargos electivos en juego. De ahí que tanto el INE como las autoridades electorales locales tengamos que asumir nuestras responsabilidades, no sólo logísticas u operativas, también las de arbitraje oportuno. Creo que en la medida en que sea una excepción centralizar esas funciones y se acredite solvencia del arbitraje local sin que sea necesaria la intervención del INE, habrá de confirmarse o repensarse la viabilidad del sistema híbrido de árbitros locales que conviven con una autoridad nacional.

Será el desempeño global del modelo una base natural para sacar conclusiones sobre su permanencia, su refrendo o nuevo ajuste. Al final del camino lo que todas y todos esperamos es que se permita a la ciudadanía ejercer su derecho a voto, que los actores políticos encuentren un terreno de competencia parejo, que gane terreno la confianza en cada una de las contiendas locales y federales y se cierre la puerta a cualquier zona de duda en la efectividad del sufragio, en las elecciones libres.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral