La acusación en contra del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, es probablemente el conflicto político interno, y con EU, más delicado que hayamos enfrentado en muchos años. Lo que va a estar en el banquillo de los acusados no es sólo el general Cienfuegos, sino todo el gobierno y el Ejército de México.

Este caso no es similar al de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Por un lado, esa secretaría ya no existe y por el otro, fue un funcionario sexenal y no un militar de carrera y parte de una institución histórica del Estado mexicano, como lo es un general y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El general Cienfuegos es toda una institución dentro del Ejército y de resultar culpable de los cargos que se le acusa, la pregunta que surge inmediatamente es cuántos otros generales y altos mandos militares estaban enterados o eran parte de la protección a los cárteles del narcotráfico.

Yo asumo que el gobierno mexicano no estaba informado con antelación a la detención en el aeropuerto de Los Ángeles y es evidente que el gobierno de EU ha perdido totalmente, por experiencias anteriores, la confianza al presidente López Obrador en lo relativo a la detención de funcionarios o miembros de la delincuencia organizada.

Desde hace más de 16 años, el principal responsable de la lucha contra la delincuencia organizada ha sido el Ejército y en menor medida la Marina. El resultado ha sido un fracaso, no sólo porque la violencia ha aumentado, sino porque los grupos delictivos se han fortalecido y han diversificado sus actividades a otros rubros como los secuestros, el derecho de piso y el robo de combustibles. En este último delito, recordemos que había un general que, desde el interior de Pemex, operaba para proteger a los huachicoleros.

El Ejército como parte del Estado mexicano nunca ha estado al margen de la corrupción en la compra de armamento, pero los gobiernos han preferido siempre hacerse de la vista gorda y la Secretaría de la Defensa ha funcionado como un Estado dentro del Estado, con sus propias leyes y órganos de control y de justicia. Siempre se habló del riesgo que se corría al meter al Ejército en el combate al narcotráfico y por lo que conocemos de la denuncia en contra del general, en caso de resultar cierto, ese riesgo se hizo realidad.

La detención del general es el golpe más duro que ha dado EU al gobierno de México y no podemos quedarnos sólo con los brazos cruzados esperando a ver cómo se desarrolla el proceso en los tribunales de ese país. El presidente debería crear, junto con el secretario de la Defensa, una comisión para ir a fondo en una investigación.

Por otro lado, la detención del general obliga a hacer una revisión de fondo de la estrategia para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, y revisar la conveniencia de seguir con la militarización y centralización de la seguridad pública. Mientras que la corrupción se barre de arriba para abajo, la delincuencia se persigue de abajo hacia arriba, desde la comunidad y el municipio, por lo que el fortalecimiento de las policías locales es una tarea urgente y pendiente. Es necesario también abrir un debate nacional sobre cuál debe ser el papel y los límites que deben tener las Fuerzas Armadas en la vida nacional.