Llevamos, como sector, casi tres semanas intentando descifrar qué significa “revisar” los contratos petroleros. Sin mucho avance real, empieza a sentirse como una pérdida de tiempo.

Más cuando hay otro pendiente urgente por analizar: el 2 de julio que López Obrador ha propuesto en caso de ganar. En éste no hay tanto misterio ni rango de maniobra retórica. Si se cumplen sus palabras, el mismo 2 de julio López Obrador, asumiendo haber ganado, llamaría al presidente Peña Nieto y le pediría que suspenda inmediatamente las rondas en puerta.

El problema es que, aunque el presidente saliente quisiera tenerle esa deferencia al entrante, no estaría en sus manos. El que probablemente sería el primer encontronazo de López Obrador con las instituciones mexicanas —la llamada ocurriría al día siguiente de las elecciones— no sería contra pesos pesados de la política, como presidentes, gobernadores o secretarios que tienen decenas o cientos de miles de seguidores en Twitter. Sería contra un grupo de técnicos respetados de la política pública petrolera, que cuando mucho tienen unos cientos. Los hombros de los siete comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos serían sobre los que recaería la decisión.

Es posible que, para entonces, se haya construido un argumento que convenza a cuatro de siete que lo mejor que pueden hacer para el país, desde su posición como comisionados, sea detener las rondas. Pero todos en su momento han abogado directa o indirectamente en pro de la continuidad, reconociendo la importancia de generar confianza en México y sus instituciones. Es difícil imaginar un nuevo argumento que los convenza de que detener y averiar el motor de inversión y actividad que representan las rondas ayuda a México a producir más —o a las regiones petroleras a recuperarse más rápido del declive actual. Es aún más difícil imaginar que los comisionados se convenzan de que el sistema de rondas completamente públicas sobre el que han presidido, reconocido internacionalmente como uno de los más transparentes del mundo, representa un retroceso sobre el sistema de asignación directa de contratos, sin mucho benchmark ni parámetro objetivo, con el que Pemex se manejaba.

La alternativa más realista para el presidente electo, entonces, sería suprimir sus convicciones vía la política. Jugarle rudo a los técnicos hasta que se convenzan individualmente de que un grupo de funcionarios técnicos, que pocos fuera del sector petrolero conocen, puede hacer poco para realmente detener o convencer a un político predispuesto que millones de mexicanos siguen y admiran. O esperar a llegar al gobierno para, de forma atropellada, buscar hacerlos a un lado.

A pesar de ser tan temprano, el 2 de julio propuesto se está convirtiendo en un punto de no retorno. Impulsaría resortes y maquinarias, declaraciones y acusaciones, que trascienden al sector energético y serían difíciles de detener después.

Es imaginario aún, pero peligrosamente realista. Es un auténtico “tigre” institucional.

Claro que, de aquí a esa fecha, las preferencias de los votantes podrían cambiar. Si los colaboradores de López Obrador ponen el mismo empeño en procurar la confianza a los inversionistas —diciendo que sólo es retórica de campaña y que las rondas en realidad son ejemplares— quizás podrían convencer a su candidato. López Obrador aún está a tiempo de desdecirse. Aún minutos antes de hacer la llamada del 2 de julio, podría arrepentirse.

Otro descubrimiento

Ayer se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados la reforma a la ley de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente que, como la OCDE recomendó, le daría mayor autonomía. Carlos de Régules, su director ejecutivo, tiene razón al decir que es un paso indispensable para que tengamos “instituciones a prueba de personas”. Sistemas y no zares. O instituciones a prueba de zares.

PabloZárate

Consultor

Más allá de Cantarell