Al aprobar el presupuesto, los diputados deben medir cuidadosamente el ánimo social de dos generaciones que vemos en esa fecha, la de la unidad nacional.

Con motivo del trigésimo aniversario del sismo del 85, escribí en este mismo espacio que la ciudadanía entonces se empoderó para transformar al gobierno del Distrito Federal y obtener una representatividad plena. Con el tiempo, vimos que el cambio del PRI al PRD habría resultado sin embargo en uno de mera fachada. Rematé señalando que corrupción en el gobierno, asamblea y tribunales capitalinos, impunidad, marchas, plantones, invasiones territoriales, contaminación, inseguridad, pobreza y la ausencia de políticas efectivas en materia de agua, movilidad y desarrollo urbano definen a esta entrañable Ciudad de México que requiere de otra fuerte sacudida de su ciudadanía, de sus jóvenes, para reencauzarse . Pues bien, ese momento se presenta otra vez un 19 de septiembre.

Dentro de la tragedia de los terremotos de este septiembre, reconforta ver a la generación hija de aquella del 85 con el ánimo intocado para solidarizarse con víctimas y damnificados. La presencia de autoridades, marinos y soldados en este sismo contrastó con la notable ausencia del Estado mexicano hace tres décadas. No obstante, la ciudadanía, rescatistas y voluntarios de la Cruz Roja volvieron a ser los protagonistas. Escuelas y universidades volvieron a convertirse en enormes y organizados centros de acopio inexistentes antes de ese martes 19 al mediodía.

Mucho se avanzó desde el 85: alarmas sísmicas, protocolos de evacuación en escuelas y oficinas, un reglamento de construcción que evitó, en términos generales, la caída de inmuebles con menos de 30 años de antigüedad (entonces se colapsaron cerca de 800 inmuebles), entre otros. Sin embargo, seguimos estancados en el qué hacer después de un temblor. Salvo por la espontánea y eficaz respuesta de la población, no advertí un protocolo claro y prestablecido que coordinara a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Dependemos todavía de la instrucción presidencial como norma única de actuación.

Las redes sociales, como los medios de comunicación, informaron mucho mejor de lo que desinformaron, pero aún hay terreno para coordinarse mejor. Lo haremos, sin duda.

El tema realmente pendiente, para variar, es el presupuestal. No es posible que para el ejercicio del 2018, el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales sea tan sólo de 6,000 millones de pesos, la quinta parte de lo asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos, quienes generosos están dispuestos a donar, en el mejor de los casos, 1,000 millones de los 30,000 millones que tienen asignados para organizar las costosísimas elecciones del año entrante. Cabe destacar que el bono catastrófico sólo cubre terremotos superiores a 8 grados.

Lo anterior explica la razón por la que las instituciones públicas han inadmisiblemente solicitado picos, palas, herramientas, comida, gasas. Resulta sorprendente que (para la magnitud de la tragedia comparada con los miles de muertos y heridos de 1985), el gobierno sea incapaz, por sí solo, de enfrentar una tragedia natural teniendo 4 billones de pesos al año, presupuesto construido por una ciudadanía de voluntarios y donantes que, además, no puede deducir completamente sus donativos a instituciones públicas.

Al aprobar el presupuesto, los diputados deben medir cuidadosamente el ánimo social de dos generaciones que vemos en el 19 de septiembre la verdadera fecha de unidad nacional.