El sistema educativo mexicano tiene que cambiar. Ya no es funcional en el siglo XXI. Sirvió durante buena parte del siglo XX como creador de una nación en busca de identidad y cohesión, desde la cruzada de José Vasconcelos. El maestro, ubicuo en todos los rincones del país, con frecuencia improvisado pero también con vocación de servicio, fue el representante de un Estado nacional en formación. La educación popular y la cobertura total en niveles básicos fueron los objetivos y la universidad pública (paradigmáticamente, la UNAM), el mecanismo de capilaridad social ascendente y de preparación de las élites que el país demandaba para su conducción y desarrollo. En una lógica corporativa centralizada, establecida desde los años 30 del siglo pasado, los maestros y su organización gremial se confundieron con el Estado y con el partido hegemónico. Algunos alimentaron movimientos sociales de oposición radical o de plano la subversión (Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Partido de los Pobres, PROCUP, EPR), y sus herederos han militado en la disidencia de extrema izquierda (CNTE). En los años 90 del siglo XX se federalizó la educación de manera desordenada y confusa y, en la alternancia, el poderoso sindicato nacional del magisterio se ha mantenido con notable autonomía y espíritu de cuerpo, aunque ahora, con pluralidad partidaria (maestros que militan en el PRI, PRD, PAN y NA) y en un ambiente de fuertes cuestionamientos a su dirigencia desde la opinión pública.

En estos momentos, la reforma del sistema educativo es el mayor desafío que debe enfrentar México si pretende ser un país desarrollado y bajo el imperio de la legalidad. Una educación pública de calidad en todos los niveles es la única llave para crear ciudadanos productivos, respetuosos de la ley, y con sólidos valores de libertad y responsabilidad individual. Es la única forma de acumular el capital humano necesario para elevar la productividad de las personas, mejorar sus oportunidades de empleo, capacidades emprendedoras e ingresos, y así combatir eficazmente la pobreza. La educación pública debe ser la gran tabla rasa de igualación social y el espacio para internalizar y difundir en la población el uso de las nuevas Tecnologías de la Información, que son indispensables para transitar exitosamente por el siglo XXI. La escuela debe ser núcleo generador de sociedad civil, de nuevas redes de cooperación entre padres de familia, comunidades y vecinos, también de reencuentro e integración de las familias. El sistema educativo debe vincularse estrechamente con el aparato productivo del país para generar un círculo virtuoso de crecimiento, empleo, desarrollo tecnológico, más y mejores empresas y empresarios, así como mayores ingresos para la población.

Lograrlo requiere de claridad en cuanto a objetivos, instrumentos y programas, y la más sólida voluntad y firmeza en el gobierno, así como una conducción política comprometida, sensible y con determinación, capaz de orquestar los cambios necesarios en materia curricular y pedagógica, en la formación de maestros y carrera magisterial, en la evaluación de todo el sistema, en las relaciones laborales y esquemas de remuneración, en gestión de plazas y presupuestos, en infraestructura y equipamiento, y en la distribución de tareas entre la federación y los estados. Significa reconstruir el sistema educativo como una gran meritocracia, transparente y eficaz. Por supuesto, se trata de una actuación de gobierno de un alto grado de dificultad política que debe ser sostenida a mediano y largo plazo y ser transversal a la administración pública: gobernación, educación, hacienda, trabajo, seguridad pública. Será imposible llevar a cabo la reforma si se concibe como una tarea exclusiva de la Secretaría de Educación Pública y de su titular. Se requiere crear un gabinete de educación y hacer recaer la responsabilidad de la reforma en el nuevo Secretario de Gobernación, cuya estatura política, prestigio y experiencia deben ser sobresalientes.

El universo de la reforma son 1.14 millones de maestros; 36 millones de alumnos; más de 170,000 planteles escolares en todos los niveles; un sistema de escuelas normales burocratizadas y decadentes y con una formación profesional plagada de deficiencias; una carrera magisterial sin el necesario prestigio social; un gran sindicato corporativo nacional, pero con disidencia radical e incluso violenta; hondos abismos en calidad educativa entre los estados más rezagados (Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se arraiga la disidencia gremial) y otros relativamente avanzados (Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal), lo que perpetúa la desigualdad y ensancha las fracturas regionales en el país; cobertura casi total en niveles básicos, pero un amplio déficit en niveles de educación técnica, media superior y superior, y una educación pública desvinculada del aparato productivo y la empresa privada.

Debe asumirse plenamente que la calidad de la educación y la reforma urgente son responsabilidades esenciales de gobierno, de nadie más. No son de gremios ni de líderes sindicales aunque, vitalmente, se requiere el concurso de un sindicato magisterial fuerte como aliado e interlocutor legítimo. Es delirante pensar que una profunda reforma educativa puede emprenderse sin los maestros, o peor, en contra de ellos y de sus dirigentes. Un elemento clave de la reforma educativa es asegurar la transparencia y legitimidad democrática de la dirigencia gremial y convocar y comprometer a los maestros como aliados, desde un gobierno con liderazgo, firmeza y sensibilidad; sin ellos, es imposible.

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