Originalmente, era conocido como Malecón Cancún. Pero la denominación del proyecto para dotar de un embarcadero a la Laguna Nichupté, construir una plazoleta y urbanizar 43 hectáreas de terrenos baldíos, en una de las zonas con mayor plusvalía de Cancún, tuvo que cambiar, por problemas legales.

Desde noviembre del 2008 según el oficio LGSM/1335/08, fechado el 14 de noviembre de ese año la subdirección de Promoción de Desarrollo de Fonatur validó el proyecto, que para entonces ya había cambiado de nombre y tenía un desarrollador: la empresa BI&DI Real Estate.

Enclavados en una zona eminentemente comercial-turística, los 44 lotes tenían un uso de suelo para erigir un centro comercial y/o habitacional, de densidad media y alta, según la clasificación de la Dirección de Desarrollo Municipal. Entre la avenida Tulum y el bulevar Kukulcan, este predio es aledaño a la plaza de toros y a Las Américas, el mall más populoso.

Para entonces ya se habían trazado algunas calles, pero se habían dejado los lotes sin desmontar y no había vallas. El baldío se había convertido en un espacio público que los cancunenses frecuentaban ya sea para caminar, correr o andar en bici, en medio de mangle y bromelias, en el que podían verse ardillas, garzas, iguanas y variada fauna silvestre. Las obras que reiniciaron los desarrolladores eran una doble ofensa, por la devastación de un área verde y la pérdida de un espacio público.

La defensa de los humedales, y especialmente los manglares, está más que justificada, pues brindan servicios ambientales esenciales. Los manglares frenan las olas y retienen la tierra y la arena: si viene un huracán, los manglares protegen la infraestructura urbana del oleaje y previenen inundaciones , explica el experto Eugenio Fernández Vázquez, si cambian las corrientes o si ocurre cualquier otro fenómeno en el agua, los manglares ayudan a evitar que se vaya el suelo mismo sobre el que se asienta la ciudad, además de que mantienen las playas en buena forma. Además, son hogar de muchas especies que mantienen la buena salud del ecosistema .

La movilización local ante la pérdida de un área verde, de los servicios ambientales que proporciona, y de su función de facto como parque público, se combinó con una respuesta nacional ante el riesgo de un ecocidio y la inopia de los tres órdenes de gobierno. (El escándalo por la construcción del Malecón Tajamar visibilizó de nueva cuenta las amenazas que afrontan Cancún, Playa del Carmen, Holbox, Tulum y otros destinos de la Riviera Maya). Y es que en esta batalla ciudadana, Fonatur pareciera haberse puesto en el bando contrario, al privilegiar su preocupación por el costo que tendría cancelar la asignación -que estiman en 3,000 millones de pesos- que el daño a la ecología. En efecto, los permisos fueron otorgados en las anteriores administraciones federales, antes de que quedara proscrito el desmonte de manglares. Y no hay evidencia por ahora de actos de corrupción al momento de la expedición de los permisos correspondientes.

Y las autoridades ambientales, ¿traicionan su mandato primordial? Ante el reciente escándalo, el secretario Rafael Pacchiano se ha arropado en las imprecisiones, pero el problema político originado por el desmonte del manglar sigue incesante. El pasado martes, ambientalistas y simpatizantes de la izquierda clausuraron simbólicamente las oficinas centrales del Fonatur. Y procedieron a plantarse afuera de la nueva sede de la Semarnat.

En el tratamiento de este tema, la cúpula del gobierno peñista ha actuado con una parsimonia que en el contexto local es vista más bien como una subestimación del ecocidio en ciernes. Funcionarios del sector confirmaron que, en primera instancia, los análisis reflejaron una sobrerreacción de la opinión pública y una evidente intención política de manipular el conflicto.

Las denuncias por la violación de los permisos otorgados por la Semarnat datan de hace un año. La Profepa ya había frenado los trabajos en 10 de los 48 lotes que integran el proyecto, tras comprobarse la comisión de irregularidades y violación a los términos y condicionantes de las autorizaciones para el cambio de uso de suelo y de impacto ambiental.

Apenas hace dos meses, la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente había inspeccionado las 43 hectáreas de la supermanzana seis, en las que se edificará el proyecto del nuevo malecón de Cancún, que incluso antes ya era considerado en el Fonatur como una bomba de tiempo. El procurador Guillermo Haro Bélchez, quien se ha comprometido a ordenar la reparación correspondiente, en caso de que el peritaje confirme violaciones a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y a imponer sanciones a funcionarios y particulares que hayan excedido funciones.

EFECTOS SECUNDARIOS

BOLETINADOS. Más de 2,000 maestros de Tlaxcala ahora están en el Buró de Crédito, luego de que se negaran a pagar los créditos que tenían con diversas instituciones financieras. El tema afecta a los trabajadores que desean solicitar otros tipos de créditos para adquirir una vivienda, solicitar una línea telefónica o cubrir sus necesidades básicas, y se sorprendieron al percatarse de que no podían obtener esos beneficios y que ni la Secretaría de Educación estatal ni la Unidad de Servicios Educativos (USET) permitieran el descuento de los pagos, vía nómina. La dimensión del problema, pero sobre todo, la complicidad de las autoridades estatales, obliga a la intervención de las autoridades federales, por la omisión de los docentes y administrativos, a través de la misma USET.

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