El uso de Aeronaves Remotas No Tripuladas, comúnmente conocidas como Drones, es todavía un asunto que en América Latina requiere de mucha educación de los usuarios, de una normatividad que se aplique plenamente y de un marco flexible, que permita ir acompañando la tecnología siempre cambiante que utilizan estos aparatos, los cuales ya han invadido el espacio aéreo en todo el mundo.

Este tipo de aparatos, que empezaron como un objeto de diversión, son hoy utilizados en sectores muy diversos y con usos cada día más importantes, incluso estratégicos, pero aún se necesita mucha cooperación entre operadores, gobiernos e industria para que se garantice la seguridad operacional. Y es que los drones se multiplican por día y de cierta forma invaden los espacios aéreos sin que la legislación vigente pueda contener las incursiones por falta de comprensión acerca de los términos técnicos con que está confeccionada.

Para darnos una idea de la importancia económica del fenómeno, se calcula que su valor de mercado alcance los 43,000 millones de dólares para el 2024, pues su crecimiento es de 20% anual. Es una tecnología que ya venía avanzando pero que a raíz de la pandemia se disparó.

De acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre el 70 y el 80% de los gobiernos latinoamericanos ya tienen delineada una normativa para el uso de los drones en cada territorio, pero las autoridades de cada país están siendo rebasadas porque para aplicar las reglas que se establecieron es indispensable contar con personal técnico aeronáutico bien capacitado, que los usuarios conozcan las reglas vigentes y que los propios gobiernos se pongan al día en cómo supervisar el uso.

Por ejemplo, en México, la Norma Oficial Mexicana que regula el uso de drones entró en vigor el 13 de enero del año pasado, pero esta normatividad había estado en la congeladora durante 3 años antes de entrar en vigor, de modo que cuando se publicó en el DOF, en muchos artículos la norma ya era obsoleta.

Los procesos de aprobación son lentos en América Latina y la tecnología no espera a los ritmos que solemos correr, además de que el lenguaje técnico complica las cosas, pero mientras tanto los aparatos ya están funcionando y los riesgos en diversos órdenes son latentes. Hablamos de riesgos a la seguridad de las personas, la interacción en el espacio aéreo con otros drones o con helicópteros y otras aeronaves, la privacidad, la integridad física de personas y construcciones, etc.

Por ello, la OACI ha estado haciendo esfuerzos muy grandes para promover el desarrollo de una legislación más ágil y eficiente, así como un ambiente cooperativo que garantice que las normas se cumplan no por obligación, sino porque a todos nos conviene. En ese sentido, Mayda Avila, la especialista en Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de esa organización internacional, ha estado promoviendo los seminarios web, así como el Simposium Drone Enable que se hará a mediados de abril.

Lo fundamental es que por mucho que la normatividad se apegue a lo que marcan los cánones internacionales y se prevean sanciones para quienes incumplan, no pasará nada mientras las personas que usan drones (que potencialmente somos todos, hasta los niños) no conozcan los límites y los riesgos de operarlos. ¡Urge!