Hasta el 2008, la ley electoral mandató que el entonces IFE debía organizar al menos dos debates presidenciales con transmisión en vivo y obligatoria en señales de radio y televisión pública, aunque dejando en la órbita voluntaria la difusión de estos ejercicios en canales y estaciones de medios privados que, en conjunto, suelen tener gran alcance para llegar a toda la población.

Desde 1994 que tuvimos el primer cara a cara entre candidaturas presidenciales, la industria, por decisión propia y no por obligación expresa en la ley, se ha sumado a transmitirlos, favoreciendo con ello a las audiencias.

En el 2012 hubo polémica por la negativa de una televisora privada a difundir el primer debate presidencial de ese año y porque transmitió el segundo en una de sus señales sin cobertura nacional. De aquel episodio derivó que la reforma legal del 2014 replanteara las reglas, y ordenara que ahora no sólo en medios públicos, también los privados con al menos una de sus cadenas con presencia en todo el territorio. La norma fue equilibrada, garantizó la libertad de programación, la de organización de debates periodísticos o ciudadanos adicionales a los de la autoridad y la difusión amplia para facilitar que votantes puedan acceder a las propuestas y contraste de argumentos, un diseño que no cancela contenidos para públicos diversos cuando hay debates, porque no hace forzoso que todas las señales de medios privados tengan encadenamiento sólo de los debates, pero tampoco permite que ni una señal masiva transmita; deben ser las necesarias para permitir que se vea y escuche entre las y los electores el debate.

Los debates se arraigan en las campañas federales y afortunadamente eso ocurre también con las contiendas locales que renuevan gubernatura, incluso con las de presidencias municipales que empiezan a volverse frecuentes.

Ayer Puebla tuvo debate a la gubernatura y hoy por la noche Baja California tendrá el suyo, en ese caso, será el tercer encuentro entre candidatos al ejecutivo estatal, en una entidad que también ha impulsado, con gran esfuerzo de su órgano electoral, debates para los municipios que van a renovarse.

La tentación de candidatos punteros a desairar a votantes y no presentarse a debatir, pensando que eso evitará exponer la ventaja que les da alguna encuesta es, junto con la falta de difusión que eventualmente se presente en radio y televisión, un par de retos para este tipo de ejercicio democrático en el ámbito local.

Son necesarias revisiones legales para dar garantías de difusión local similares a las de los debates presidenciales (que señales estatales públicas pero también algunas privadas lo difundan sin negativas injustificadas) y también sanciones significativas para candidatas o candidatos que se nieguen a debatir, a exponer con claridad y defender su oferta de gobierno frente a la ciudadanía.

Los debates necesitan candidatos presentes y canales de difusión.

*Consejero del INE.

Marco AntonioBaños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada