Tendremos que esperar al menos tres años para saber a ciencia cierta si algún miembro del Consejo de Administración de Pemex se opuso a la idea de usar las ‘divisas’ (un elemento de las reservas internacionales) del Banco de México para comprar bonos de la compañía.

Gracias al reportaje de Noé Cruz en El Universal, y al acta de la Sesión Extraordinaria 956, sabemos que el Consejo de la empresa más importante de México no descartó inmediatamente la propuesta del consejero Juan José Paullada Figueroa como ilegal o absurda. La secretaria Nahle, que preside el Consejo, la consideró una “excelente idea”. El director de finanzas de Pemex dijo que “merecía revisarse”. Iba en serio: hasta propuso que se considere en un grupo que se integrará con la participación del gobierno federal.

Pero aún queda una laguna de información plasmada en dos párrafos que han sido reservados. Del acta se infiere que la propuesta del consejero Paullada generó más discusión que la explícitamente reportada. Específicamente, el acta consigna que se aportó información que Pemex considera “sensible sobre hechos y acciones del ámbito comercial, económico, presupuestal, contable y jurídico”. Como tal “dar a conocer la información de estos documentos a terceros podría dañar una ventaja competitiva y/o económica de la empresa”. ¿Qué tanto pudo haberse dicho en este contexto?

Desafortunadamente, parece que nadie comentó lo más simple y obvio. Aún si ninguno de los miembros de este selecto grupo de altos funcionarios tuviera presente el artículo 19 y 20 de la Ley del Banco de México, es claro que un banco central no debe usar sus divisas o reservas para invertir en títulos de empresas ni en papel por su propio gobierno. Hasta en abstracto es fácil ver que los riesgos de permitir que las reservas de Banxico se usaran para algo así --tanto sistémicos y financieros como de contubernio y hasta corrupción-- serían abrumadores. Pero es ilógico que lo que se censuró de la minuta haya sido un simple comentario que descartara la propuesta como contraria al marco regulatorio. ¿Dónde estaría lo delicado de mencionar un precepto que es público y medio evidente?

Tampoco es lógico pensar que, en el contexto de esta discusión específica, se hayan revelado secretos operativos: costos, precios o estrategia. La petición de clasificar los dos párrafos como reservados, de hecho, no vino de ninguna subsidiaria o dirección sustantiva, sino de la dirección de finanzas de la petrolera.

Lo que pudo haberse comentado, de forma más directa, es que ningún inversionista con un claro mandato de acotar los riesgos podría invertir en Pemex. Independientemente de la ley, ¿a qué clase de banco central – que usa sus reservas para “estabilizar el poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”—se le ocurriría invertir sus divisas en bonos que las calificadoras consideran especulativos o basura? ¿En qué convertiría a México un Banxico que persiga esta propuesta que, de acuerdo con la secretaria Nahle, “refleja el cambio que impulsa este gobierno”?

Este es el tipo de comentario que si valdría la pena reservar. De entrada, contradeciría la lógica del comentario que provocó toda la reflexión: “el inversionista”, como decreta el acta 956, “está analizando de forma positiva el comportamiento y la evolución de Pemex en el contexto del mercado internacional”. ¿No estarán más bien especulando que la Administración del presidente López Obrador primero malgastaría las reservas internacionales del Banco de México que dejar quebrar a Pemex?

Así que, de una extraña forma, los dos párrafos reservados dan cierta confianza.

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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