En el cúmulo de anuncios que se han dado a partir del triunfo de López Obrador hay de todo, como en botica. Algunos sensatos, como mantener el precio de la gasolina a valor real, otros atrevidos, como reubicar fuera de la capital la mayoría de las secretarías, algunos otros buenos como el ahorro en la nómina de la administración —sin saber cómo lo lograrán—, o la desaparición del Estado Mayor presidencial, la reiteración de promesas de campaña como duplicar el apoyo a personas adultas mayores, o el apoyo a los ninis, la venta del avión presidencial, etcétera.

He sostenido al interior del PAN que no debemos criticar ninguna medida o programa administrativo, ya que los expertos se encargarán de señalar los posibles peligros, fallas o consecuencias no deseadas de tales propuestas.

Lo verdaderamente importante para la oposición y la sociedad organizada es señalar y oponerse con energía al mínimo asomo de “restringir nuestro marco de libertades”, modificar el sistema de división de poderes, afectar la autonomía del Banco de México, del Inegi, etcétera. Atentar o invadir las facultades de los estados y municipios o invadir las atribuciones del Poder Judicial.

En estos temas esenciales se han encendido dos luces de alerta que no podemos dejar que pasen inadvertidas.

Primero: el anuncio de establecer un representante en cada estado como enlace. No nos oponemos a la supresión de las delegaciones federales, muchas de ellas tendrán que mantener un gerente o representante como Profeco, Infonavit, Conagua etcétera. Lo verdaderamente grave es el asomo de instituir una autoridad intermedia, entre la federación y los estados, que invada sus facultades o las suplante y que adicionalmente tendrán un fuerte componente político partidista.

De la revisión de los perfiles destaca que se privilegia el carácter partidista sobre el conocimiento de la administración pública. Sólo dos estados como ejemplo: en Aguascalientes se propone al presidente de Morena, Aldo Ruiz, con estudios de preparatoria y experiencia en relaciones públicas en el periódico La Jornada de Aguascalientes. Y auxiliar administrativo. En Chiapas, el dirigente estatal de Morena, Eduardo Ramírez, tiene como experiencia únicamente haber sido varias veces regidor de Ixtapa, Chiapas. El mismo perfil se repite en varios estados.

Aquí sí existe una potencial amenaza a la soberanía de los estados que no puede dejarse pasar, sobre todo por la ambigüedad de las atribuciones que tendrán.

Segundo: la reacción de López Obrador a la multa que le impuso el INE por el fideicomiso privado de apoyo a damnificados: “La multa es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso (...) Nosotros no somos corruptos, ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”.

Esta reacción vuelve a mostrar el carácter autoritario de López Obrador que se supone a sí mismo por encima de las instituciones y la justicia, sin conocer si las pruebas recopiladas por el INE son o no suficientes y sin conocer la resolución del Tribunal. No es un buen augurio el desprecio por las instituciones y el asumirse como impartidor de la justicia, en este caso, absolviéndose.

No puede tomarse como una anécdota más. Se trata del próximo presidente de la República. ¿Así seguirá actuando? ¿Anticipándose a las sentencias de la Suprema Corte? ¿Estableciendo él lo que se debe resolver para estar del lado de la justicia?.

Sin duda, si no reaccionamos ahora con energía, esto es un adelanto del futuro que nos espera.